Luis Beamonte San Agustín, quien fuera director del Instituto de Secundaria José Manuel Blecua de Zaragoza, será juzgado el próximo mes de noviembre como presunto autor de un delito de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de malversación. El fiscal pide para él cinco años y medio de prisión, así como cuatro años y seis meses de inhabilitación especial y una multa de 3.600 euros. Además, deberá indemnizar a la Comunidad Autónoma de Aragón con 34.149 euros, cantidad que la fiscalía considera que sustrajo cuando ejerció el cargo de director en los cursos escolares 2006-2007 y 2007-2008.

La presunta malversación se destapó a raíz de que el equipo directivo del instituto detectara una serie de irregularidades contables y las comunicara a la Dirección Provincial de Educación, el 4 de febrero de 2008. En la investigación se descubrió que se había hecho un uso indebido de la tarjeta de crédito y que había anomalías en numerosos cheques. Posteriormente, se denunció el hecho en los tribunales y ahora, tras la instrucción, se ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex director.

El fiscal, en su escrito provisional de calificación, considera que el acusado, en su condición de director, distrajo distintas cantidades en metálico de la cuenta corriente que el centro tiene en la CAI. Según el ministerio público, los procedimientos utilizados para apropiarse de dinero fueron diversos. En ocasiones, utilizó una tarjeta de crédito a su nombre cuando solo se podían realizar operaciones mediante cheques nominativos o transferencias. En otras, se usaron cheques al portador -algo que, en principio, supone por sí solo una irregularidad administrativa- que, además, eran manipulados por el acusado. En concreto, según el fiscal, modificaba el nombre del destinatario del cheque y lo sustituía por un indeterminado "al portador", que en realidad era él mismo. De esta forma, se localizaron talones que tenían el mismo número, pero unos aparecían al portador y otros eran nominativos.

Como todos tenían que llevar una firma mancomunada -bien del secretario o de otras dos profesoras autorizadas-, lo que presuntamente hacía Luis Beamonte era hacer una fotocopia del cheque se emitía y se la entregaba al secretario grapada con la factura. Posteriormente, él manipulaba el original, lo ponía al portador y lo ingresaba en su cuenta.

Otro de los procedimientos que utilizaba el acusado, según el fiscal, era confeccionar facturas que se inventaba para justificar las cantidades de dinero que iba sustrayendo. En el juzgado se aportó un cedé que estaba en el ordenador del despacho de la dirección del Instituto José Manuel Blecua con gran cantidad de modelos de facturas.

Durante la instrucción judicial testificaron varias personas, entre personal docente y empresarios, que no reconocieron facturas que estaban extendidas a su nombre o al de sus respectivas sociedades. Este fue el caso de los dueños de una papelería, o una tienda de informática, una empresa de publicaciones, otra de transporte en autocar o varios profesores, entre otros casos.

Durante sus declaraciones, Luis Beamonte negó las acusaciones del fiscal y dijo que nunca se había apropiado de dinero del instituto. También dijo que ignoraba que no se pudiese utilizar la tarjeta de débito ni tampoco emitir cheques al portador, porque nadie se lo explicó. Negó haber manipulado talones y aseguró que no podía explicar cómo facturas de distintas empresas podían tener el mismo error tipográfico referido al nombre del instituto.

Después de que el equipo directivo comunicara a la Dirección Provincial de Educación las irregularidades detectadas, Beamonte se cogió una baja por enfermedad y siguió siendo director hasta el 30 de junio, cuando presentó la dimisión. En mayo, cuando testificó ante el juez, aseguró que estaba suspendido en funciones desde el 18 de febrero. Sus ex compañeros creen que ahora cobra una incapacidad.