La instrucción del caso de La Muela podría desbloquearse esta semana

La instrucción del proceso judicial por la presunta trama de corrupción urbanística que lleva el Juzgado número 1 de La Almunia, que se encuentra paralizada desde el pasado 31 de julio, podría desbloquearse esta misma semana. Las diligencias quedaron suspendidas a la espera de que la Audiencia Provincial de Zaragoza resolviera una petición que presentó el letrado del empresario Arturo Beltrán, Manuel Catalán, para que el juez se inhibiera en una denuncia por presunto fraude fiscal contra su cliente por entender que, en el caso de que existiera, no era de su competencia.

Esta semana están citados a declarar precisamente Arturo Beltrán y otros empresarios, como Manuel Boned Aina, como representante de la empresa Frenos Zaragoza, o Miguel Ángel Horta Lázaro, administrador de PVL Viviendas España S. L. El hecho de que no se haya comunicado a las partes que se suspenden estas citaciones previstas para el próximo viernes, podría ser señal de que la Audiencia ha desestimado esa cuestión de competencia.

A instancias de la Agencia Tributaria, el ministerio público denunció a Carmelo Aured por presunto delito fiscal al entender que en los periodos de 2003 y 2004 dejó de declarar en el impuesto de la renta de las personas físicas cantidades que superan los 2,5 millones de euros, obtenidas por una serie de operaciones inmobiliarias.

Según la fiscal, para cometer este fraude, Carmelo Aured utilizó a su testaferro Félix Santiago Latorre Serrano y se sirvió de cuatro sociedades interpuestas, entre ellas la mercantil Ebrogan S. L., administrada por Arturo Beltrán, PVL Viviendas España S. L. (Miguel Ángel Horta Lázaro), Construcciones Sagain S. L. (Ignacio Usaín Aspiroz), y Construcciones Nuevos Hogares Aragón S. L. (Vicente Rodrigo López y Julio Herrero Valdecantos). A estos seis empresarios, la fiscal les considera cooperadores necesarios para cometer los delitos.

Tras estas acusaciones, el juez de La Almunia citó a los empresarios. El letrado de Arturo Beltrán planteó lo que se conoce en el lenguaje jurídico como declinatoria, es decir, una petición para que el instructor se inhiba de ese asunto porque entiende que le compete a otro juzgado. En primer lugar, porque, de existir el delito, no tendría conexión con toda la presunta trama de corrupción de La Muela y, en segundo, porque la competencia territorial sería la de Zaragoza, por ser esta la sede de la Hacienda Pública y el lugar donde se debió hacer el pago y, por lo tanto, debe ser un juzgado de la capital aragonesa quien entienda de este asunto. Esta petición suspendió la instrucción hasta que la Audiencia se pronunciase, algo que podría hacer hoy.