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Zaragoza

OPERACIÓN MOLINOS

El juez tiene bloqueadas 214 propiedades de cinco imputados y de sus empresas

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, ha logrado inmovilizar un total de 214 propiedades de cinco imputados en la Operación Molinos y de siete de sus empresas. Desde que el pasado 17 de marzo, un día antes de que se produjesen las detenciones de los principales investigados por la presunta trama de corrupción urbanística de La Muela, el instructor enviara una orden a los registros de la propiedad para que inmovilizaran su patrimonio, se ha conseguido bloquear 214 propiedades, entre fincas, pisos, chalés, garajes y terrenos rústicos.

El juez pidió a los registros que se procediera a "la anotación preventiva de prohibición de enajenación y gravamen" de todos los inmuebles, para asegurar los bienes tanto de los imputados como de sus empresas. Es decir, los pueden usar pero no los pueden vender por si en el futuro tuvieran que ser embargados para hacer frente a posibles responsabilidades civiles o multas, en el supuesto de que fueran condenados.

Esta medida afecta principalmente a las propiedades de la alcaldesa, María Victoria Pinilla, de su marido, Juan Antonio Embarba, y de su sociedad Embarba Pinilla, S. L. También están bloqueados los del concejal que se encuentra en libertad provisional, Juan Carlos Rodrigo Vela, los del ex alcalde de La Muela, Carmelo Aured y los de una de las empresas de las que este es administrador Castelo Novo.

La prohibición de enajenación se extiende a los bienes de las inmobiliarias Aranade, cuyo presidente es Julián de Miguel (que eludió entrar en prisión con una fianza de 120.000 euros) y del empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado (ahora también en libertad provisional bajo fianza de 250.000 euros), su empresa Brocover, y Construcciones Sagain, de Francisco Aramburu.

En la lista de bienes intervenidos hay chalés, pisos y apartamentos en la playa, además de garajes y trasteros y su valor es millonario. Solo la casa que tiene la alcaldesa en la lujosa urbanización de Sotogrande cuesta un millón de euros y el piso de Carmelo Aured en la plaza de España, en Puerta Cinegia, tiene una hipoteca de 650.000 euros.

Julián de Miguel, a través de su inmobiliaria Aranade Proyectos e Inversiones, S. L., tiene 41 propiedades, entre ellas dos magníficas fincas en Andratx (Palma de Mallorca). A su empresa Aragón Navarra de Gestión, S. L., le constan otros 46 bienes. En total, 87 propiedades que se reparten por La Muela, Zaragoza, Jaca, La Línea de la Concepción (Cádiz), Orcoyen (Navarra) y Calafell (Tarragona).

Los registros de la propiedad de La Almunia y de Cádiz han respondido al juez que Juan Antonio Embarba Laborda, marido de la alcaldesa, es propietario de 56 fincas en La Muela y una en San Roque. La empresa Embarba-Pinilla, la sociedad que el matrimonio creó en 1999 para la tenencia y explotación de fincas rústicas y urbanas, figura con 22 posesiones.

Al concejal Juan Carlos Rodrigo, que se incorporó al Consistorio tras salir de prisión, le constan once propiedades, diez en La Muela y una en Lanzarote. Recientemente, el edil solicitó al juez del caso que le devolviera las escrituras de su vivienda y de su apartamento en Canarias, puesto que tenía que comparecer junto a su esposa ante la Agencia Tributaria y se las habían requerido. También pidió la documentación del Mercedes que le fue requisada por la Policía porque no puede utilizar el vehículo y se está deteriorando. El juez le ha devuelto las escrituras pero no la documentación del coche.

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