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Los vecinos del Picarral denuncian el estado de ruina de las naves del entorno de Aceralia

Fue un buen susto, y la gota que colmó el vaso. El pasado miércoles, los profesores del Centro de Formación Laboral Serpi, situado en una nave en la calle de Albarracín, en el barrio del Picarral, descubrían un altillo hundido dentro de la nave del número 16 de esta calle. Al parecer, alguien había entrado en el recinto, situado en el entorno de Aceralia. Rompieron la puerta que estaba soldada -aun pueden verse los hierros retorcidos- para llevarse las vigas de hierro que sostenían la estructura, y esta se desplomó.

Los profesores llamaron a la policía tras comprobar lo ocurrido, asustados por si el hundimiento hubiera podido dejar algún herido bajo la plancha de hormigón. "Alguien podría haberse quedado atrapado aquí", comenta Luis Gutiérrez, profesor de Serpi.

Por suerte, no hay que lamentar daños personales, pero los trabajadores de la zona y los vecinos del Picarral han levantado la voz para llamar la atención sobre el estado ruinoso de estas naves. En la nave contigua se acumulan los palés abandonados entre basura. En otras, hay montones de gomaespuma, un material muy inflamable, apilados por todas partes. Y el abandono general de la zona la convierte en un atractivo foco para vándalos y asusta a los vecinos, que ya no pasan por aquí ni siquiera para aparcar sus coches.

"Está todo hecho una pena, aquí han dormido indigentes y 'okupas', y es muy peligroso", comenta Luis. "Ahora no hay actividad ni aquí ni en la escuela de hostelería", agrega Noemí, también profesora de Serpi, "pero durante el curso los chavales están por aquí en las horas de descanso, y no tienen conciencia de que estar en las naves es un peligro", apunta esta mujer, que asegura que "cada lunes encontramos aquí cristales y restos de botellón".

Robo de tuberías y cables

"El deterioro en los últimos días ha sido impresionante, tenemos que llamar a los bomberos cada dos por tres porque se llevan trozos de tubería y hay escapes de agua, o se llevan cables y nos quedamos sin electricidad", explica Alfonso Dolset, el director de la escuela de hostelería TOPI, en la entrada de una de las naves que están llenas de basura, que tiene las puertas abiertas de par en par. "En verano no hay tantos problemas, pero en el invierno se hace de noche antes de que se acaben las clases. Lo que pasa es que, como siempre, no se comenzará a actuar hasta que pase algo", lamenta.

"Aquí nadie toma cartas en el asunto", explica Juan José Jordá, de la Asociación de Vecinos del Picarral. "Estas naves están paralizadas por el recurso que Saica hizo al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Aceralia para el traslado de las empresas de la zona", recuerda. Desde que esta operación urbanística, que planeaba sustituir los equipamientos industriales por otros usos, como viviendas y equipamientos, se quedó atascada en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, las naves abandonadas han ido convirtiéndose en un montón de cemento y chatarra que algunos aprovechan.

De hecho, la poca actividad que queda en esta zona -entre el Camino de los Molinos y la explanada en la que antiguamente se levantaba Aceralia, hoy trasladada al Parque Tecnológico del Reciclado- se resume en un par de naves y las escuelas TOPI de Hostelería y Serpi, un Centro de Formación Profesional de la Fundación Picarral. "Mientras no se construyan nuevos centros de formación estaremos aquí", explican los profesores.

Lo que los vecinos reclaman para esta zona es una intervención municipal que garantice su seguridad. "Mientras no construyan aquí, al menos podrían tirar las naves abajo. Yo no digo que lo pague el Ayuntamiento, pero al menos que lo haga y luego reclame a quien sea el coste", exige Luis Gutiérrez.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento explican que esas naves, en tanto en cuanto no se resuelva el conflicto judicial en el que se encuentran implicados esos terrenos, siguen siendo responsabilidad de la propiedad de las mismas. En estos momentos, se está a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso que se interpuso a la sentencia que anulaba el convenio entre las empresas propietarias de los terrenos y el consistorio.

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