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Achacan a fallos de seguridad el secuestro de un funcionario por dos presos de Zuera

La Audiencia juzgó ayer a los reclusos, acusados de causar graves lesiones a un trabajador con armas fabricadas por ellos mismos

Miguel Alfaro, a la izquierda, y José Antonio Carrete, a su llegada a la Audiencia Provincial.
Achacan a fallos de seguridad el secuestro de un funcionario por dos presos de Zuera
oliver duch

zaragoza. Déficit de vigilancia, falta de funcionarios, masificación o mala clasificación de los presos según su peligrosidad. Estas son las causas por las que dos reclusos secuestraron y causaron graves lesiones a un funcionario de la cárcel de Zuera, al que tomaron como rehén para fugarse. O al menos eso argumentaron tanto la acusación pública como las particulares en el juicio que se celebró ayer contra Miguel Alfaro Cubells y José Antonio Carrete Martínez. Para cada uno de ellos piden penas de entre 13 y 14 años de prisión por secuestro, lesiones y resistencia.

 

A pesar de que los internos dijeron no acordarse de los hechos porque iban "hasta arriba de pastillas", sí que admitieron que cogieron a un funcionario, pero no aclararon con qué intención. Alfaro dijo que iba drogado y Carrete se quejó del trato recibido cuando fue trasladado al Puerto de Santa María "engrilletado y con un saco en la cabeza".

Quién sí recordaba con claridad lo ocurrido fue el secuestrado. "Me dijeron que lo tenían previsto, que no querían que fuera yo pero que me había tocado", relató. El primer compañero que acudió en su ayuda lo vio maniatado y amordazado. "Carrete lo tenía amenazado con un pincho y cada vez que Alfaro nos indicaba que abriéramos una puerta, le daba una puñalada", dijo. En esas condiciones alcanzaron la sala de comunicaciones, donde cinco funcionarios se les echaron encima, los redujeron y los llevaron a aislamiento. En estas actuaciones, resultaron lesionados seis trabajadores. El secuestrado sufrió cinco heridas de arma blanca y una le causó un neumotórax.

 

Lo que se puso ayer en cuestión fue si es el Estado quien debe pagar los casi 12.000 euros de indemnización como responsable civil subsidiario. El fiscal y las acusaciones creen que sí. Cristina Ruiz-Galbe argumentó que los presos tenían pinchos en su poder por un deficiente registro de celdas, porque hay 1.900 reclusos y una plantilla de funcionarios para 1.000 y porque estaban en segundo grado, a pesar de su peligrosidad. El abogado del Estado, Jesús Solchaga, se quejó de indefensión y planteó que en situaciones normales es suficiente con dos empleados por módulo para garantizar la seguridad de la prisión. Al juicio asistieron compañeros de los heridos, el delegado de Acaip y el de CSI-CSIF, Eliseo Pérez. Este recordó que el progreso a segundo grado sin justificación es una tónica general de Instituciones Penitenciarias y pone en riesgo a los trabajadores.

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