No es una práctica habitual que un ayuntamiento motu proprio tome medidas para desempadronar a aquellos vecinos que no residen en la localidad. Todo lo contrario. El que sí ha dado este paso es el consistorio de Lumpiaque, que ha hecho público el listado de 113 personas, inmigrantes rumanos, a los que ha iniciado un expediente de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes por inscripción indebida.

Una medida que llama la atención, teniendo en cuenta que este centenar de habitantes supone más del 10% de su población, concretamente el 10,7%. Según los datos del padrón a 1 de enero de 2008, los últimos oficiales que constan en el Instituto Nacional de Estadística, Lumpiaque cuenta con 1.053 residentes.

"Creemos que lo importante es contar con un padrón real, y lo que pretendemos no es otra cosa que adaptarlo a la realidad, no mantener unos números ficticios", explicó ayer la alcaldesa, Mercedes Sediles (PAR). En 2003, recordó la primera edil, ya se llevó a cabo una "depuración" del padrón.

En su mayoría, aunque desde el ayuntamiento no se ha podido contactar con ellos, se trata de temporeros rumanos que acuden a la población para la recogida de la pera y la manzana, entre finales de mayo y principios de octubre. Se suelen empadronar para el tiempo que dura la campaña, aunque luego no se dan de baja. Para hacerlo, la mayoría utilizan el domicilio de algún compatriota o un piso alquilado que hacen constar como vivienda, aunque luego estén en asentamientos.

La notificación del inicio de expediente de baja de oficio en el padrón municipal, con la nómina del centenar de identidades, se publicó ayer en el Boletín Oficial de Zaragoza. Hay un plazo de quince días para que los afectados presenten alegaciones.

Mercedes Sediles señaló que se trata de extranjeros que se encuentran en "paradero desconocido", una vez que el alguacil no ha podido localizarlos en el domicilio que constaba en las oficinas municipales. "Aquí nos conocemos todos, y las fluctuaciones de gente que viene por un tiempo y luego se va se notan enseguida", apuntó.

La alcaldesa recordó que tras las últimas elecciones emitió un decreto que regula los requisitos para empadronarse. Así, además del contrato de alquiler de vivienda o escritura de la misma, se establece un plazo de tres meses antes de emitir la resolución, durante los que se comprueba su residencia estable en el pueblo.

Por su parte, el abogado Javier García Hernández, recordó que los ayuntamientos tienen potestad para tomar este tipo de decisiones, que están amparadas por el marco legal, siempre y cuando el "expediente esté bien hecho". Indicó que los ayuntamientos tienden a intentar mantener el mayor número de habitantes "para no perder subvenciones".

Mientras, el responsable de Migraciones de UGT, Antonio Ranera, reconoció que en los últimos tres meses se ha detectado un regreso de rumanos a su país, y de continuar esta tendencia "tendría que notarse en los padrones".