"Nos preocupa que aparezcan tantos papeles con datos sensibles en la calle"

La Agencia Española de Protección de Datos sabe ya que en un contenedor de papel ubicado junto al edificio del Tribunal Superior de Aragón (Coso, 1) se han encontrado documentos jurídicos con datos protegidos, un hecho del que ha venido informando este periódico desde el pasado domingo. El director de este organismo estatal, encargado de velar por el cumplimiento de la legislación sobre información sensible o protegida, reconocía ayer a HERALDO que se trata de un hecho "preocupante". Sobre todo, explicaba Armeti Callo, porque se ha convertido en una práctica "demasiado habitual en España". "Por desgracia -añadía el responsable de la agencia-, nos están llegando muchas denuncias sobre material encontrado en la vía pública y bastantes tienen como responsable a la administración de Justicia".

La Agencia Española de Protección de Datos puede actuar de oficio, ante un caso flagrante y de una gravedad extrema, o hacerlo como consecuencia de una denuncia. "Muchas veces, como en el caso de Zaragoza, son los particulares quienes se encuentran con este tipo de material y nos los hacen saber", señala Rallo. "Cuando nos llaman -apunta-, les pedimos que nos envíen los documentos y la denuncia, porque sin pruebas no podemos iniciar una investigación".

"El caso del Tribunal Superior de Aragón no es el primero. En el pasado, hemos abierto procedimientos por hechos similares en otras ciudades españolas. Y ahora, tenemos varios en tramitación contra órganos judiciales. De hecho, ya hemos tenido que dar un toque de atención al Consejo General del Poder Judicial para que se corrijan errores y mejore el procedimiento de destrucción de documentos sensibles o protegidos", indica Artemi Rallo.

Cuando se tiene conocimiento de una posible vulneración de la Ley de Protección de Datos, la agencia lleva a cabo una inspección. Puede hacerlo recabando información documental del presunto infractor o enviando a uno de sus funcionarios al lugar en cuestión. El procedimiento puede dilatarse algo en el tiempo, pero se intenta que entre la denuncia y la resolución no pase más de un año. "Intentamos llevar los casos con agilidad, pero abrimos 1.300 expedientes al año y solo tenemos 15 inspectores", dice Rallo.

Entre los documentos hallados en el contenedor de reciclaje del Coso aparecieron sentencias de divorcio, informes de cuentas de personas tuteladas, fichas de incapacidad, listas de detenidos en prisión provisional y otros documentos de naturaleza jurídica. La mayoría de ellos, con nombres y apellidos e incluso el domicilio de los interesados. El presidente del TSJA, Fernando Zubiri, lo calificó con un hecho grave y la Fiscalía reconoció que procedían de sus oficinas. En cualquier caso, se afirmó que fue "un error puntual" y se explicó que existen un procedimiento seguro para destruir este material.