Las secciones judiciales de los dos principales sindicatos de la comunidad expresaron ayer su malestar ante los hechos que HERALDO desveló en una información que ponía de manifiesto cómo una importante documentación judicial, con datos protegidos de varios ciudadanos, aparecía en un contenedor del Coso de la capital aragonesa. “Es impensable y una irresponsabilidad que aparezcan en la calle datos privados de la gente, tengan causas con la justicia o no”, manifestó Luis Casero, responsable del sector de Justicia en Aragón de CC. OO.

Fichas de procedimientos de incapacitación, relaciones de personas en prisión provisional, o sentencias de divorcios, con detalles sobre la guardia y custodia de los hijos, entre otros papeles, configuran el material encontrado, por un vecino de la zona, muy cerca del palacio de Los Luna, sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y de la Audiencia Provincial.

Según explicó a este periódico el fiscal jefe de Zaragoza, Alejandro Fernández Furquet, existe un circuito de destrucción de documentos ya establecido y con las medidas de seguridad suficientes para que no ocurra algo así, aunque admitió que se pudo haber producido algún fallo humano por parte de alguien que no ha seguido el protocolo previsto.

De hecho, el propio Luis Casero reconoce el esfuerzo de inversión por parte del Gobierno de Aragón a la hora de equipar las diferentes dependencias judiciales con el material necesario para la destrucción de este tipo de documentos. “Tenemos más facilidades, pero también es cierto que no han llegado a todos los departamentos en los que son necesarias”, afirma.

A su juicio, “la protección de datos personales es una responsabilidad de todos”, pero apunta que “la DGA debería garantizar el control y cumplimiento de los contratos de las empresas encargadas de la gestión y limpieza de residuos” en las dependencias judiciales.

A por el expediente digital

“Es un diagnóstico más de que parece que estamos en el siglo XIX, más que en el XXI”. Así analizaba Mila López, desde la sección judicial de UGT, los hechos denunciados por este periódico. Según explica, la protección de datos está muy relacionada con la situación que vive la Justicia actualmente. “Si ya se hubiera implantado el expediente digital nos ahorraríamos problemas de este tipo”, comentó.

“Tal y como están hoy en día los juzgados -continúa-, hay muchos expedientes al alcance de gente que no debería poder cogerlos”. Por ello, aboga por finiquitar algunos de los sistemas actuales de gestión. “El formato papel es el menor garante de la privacidad”. Aún así, reconoce que es un hecho “muy grave” que ha de ser investigado “para depurar las responsabilidades oportunas y que no vuelva a suceder”.