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Belloch suprime 13 monitores de la mesa y mamparas para rebajar el coste del Seminario

La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de Seminario que se ha presentado reducido a 9,5 millones de euros y que no contiene el expediente de la 'polémica mesa de la sala de reuniones'.

La polémica mesa de la sala principal de reuniones del Seminario (ahora denominada salón de sesiones y plenos) ya no tendrá los 13 monitores "escamoteables", pese a estar previsto ya el hueco. Es uno de los aspectos del modificado original que ha sido suprimido - la mesa de 180.000 euros se mantiene- para ajustar el montante global a la ley de contratos. Entre recortes de unos y otros aspectos, Urbanismo y Hacienda han logrado reducir 2,6 millones de euros de los 12,5 iniciales.

Ayer la Junta de Gobierno aprobó el nuevo modificado por valor de 9,9 millones. En este, ya no consta parte de la compartimentación interior para formar despachos y similares (1,2 millones de los 4,3 previstos), ni la señalética (264.800), ni otras instalaciones especiales por valor de 227.500 euros, entre las que se incluyen algunos arcos detectores, escáner y software para tornos.

Las instalaciones de las salas políticas han sufrido un recorte de 397.200 euros de los 648.000 iniciales. Se quitan divisiones internas, sistemas de vídeo y de control. El centro municipal de informática también es otro de los afectados (311.000). Los 174.298 que faltan se corresponden con partidas menores como adecuación de puestos de trabajo y difusores de clima.

Pese a suprimir estas obras, el teniente de alcalde de Presidencia, Fernando Gimeno, insistió en que son necesarias pero prescindibles "por razones técnicas y de austeridad". Eso sí, dejó claro que se podrán acometer en un futuro, pero con un concurso público. Las actuales se han contratado directamente con la adjudicataria.

Obras sin proyecto

Sí se mantiene la partida de 180.000 euros de la polémica mesa, aunque la decisión de quedársela o no la tomará el gobierno municipal cuando reciba el resultado del peritaje. Ayer, Gimeno se explayó en todo tipo de explicaciones y detalles para justificar, por un lado, que el nuevo modificado se ajusta a la ley de contratos porque supone el 20% del presupuesto inicial, y por otro, que las obras se acometieran sin un proyecto aprobado.

Respecto a lo primero, dijo que se decidió por "un criterio de austeridad y político", pero reconoció que también "por prudencia" ante los tribunales. De las obras argumentó que hay algunas, como la mesa, que los técnicos entendieron que si no se hacían en ese momento no se harían después, por el ritmo de las obras previstas.

Pero Gimeno profundizó en sus explicaciones a través de preguntas retóricas y se interrogó sobre por qué no se paralizaron las obras hasta obtener la aprobación del modificado (se autorizó su redacción en junio). Respondió que eso hubiera supuesto un retraso de no menos de 22 meses, pero entonó el mea culpa por la falta de previsión que obliga a hacer modificados. Gimeno descartó la posibilidad de que la empresa hubiera solicitado una ejecución provisional de las obras, puesto que el crédito presupuestario no se confirmó hasta agosto.

El portavoz de la crisis de los muebles del Seminario (ayer sí le acompañaron los responsables de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, y de Economía y Hacienda, Francisco Catalá, aunque no hicieron declaraciones públicas) ahondó en el contrato de la mesa, en particular y todavía pendiente de "ser validado". No obstante, llegó a decir: "La constructora que la puso, pues que se la lleve. Si nos la quiere regalar, que la deje, ya veremos si la queremos, pero si no, que se la lleve. Y si no está de acuerdo con la decisión que tomemos, que nos lleve a los tribunales", argumentó.

Precisamente, aseguró que la decisión de encargar la mesa la adopta el coordinador de la obra, es decir, el director del Área de Urbanismo, Carmelo Bosque, y la empresa que es la que "se encarga de buscarla" y decide tras ver una similar en la sede de la Confederación de Cajas de Ahorros. Fuentes de Urbanismo matizaron que la responsabilidad es de la empresa. No obstante, Gimeno incidió en que la última palabra la tiene el órgano de contratación, la Junta de Gobierno.

Por eso, defendió en su comparecencia que tras "investigar todos los pasos que se han dado, el gobierno garantiza con toda la fuerza y humildad necesaria, que se ha actuado correctamente". "Otra cosa es que se haga una valoración de oportunidad", concluyó.

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