Si no hay cambios de última hora, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza pactarán hoy en la comisión bilateral la financiación del campo de fútbol de San José. La DGA firmará su compromiso económico con este proyecto, que costará 103,5 millones de euros, y aportará una tercera parte, lo mismo que las arcas municipales. No obstante, quedará un tercio de la inversión aún sin cerrar en el que tendrían cabida las entidades privadas, entre ellas el Real Zaragoza y las cajas de ahorros, si estuvieran interesadas. El acuerdo lo escenificarán hoy el presidente de la DGA, Marcelino Iglesias, y el alcalde, Juan Alberto Belloch.

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con el solar de terciario (comercios y oficinas) anexo a La Romareda para pagar el proyecto. Hace unos años su valor ascendía a 70 millones, pero a fecha de hoy no existe ninguna tasación nueva.

El planeamiento, aprobado

Además de este primer paso en la financiación, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer también la ordenación de la zona donde se situará el nuevo campo de fútbol, en la huerta de Miraflores. Pero no estuvo exenta de polémica, pese a que todos los partidos -salvo CHA- apoyaron el plan. Precisamente, fueron los nacionalistas los que más duros se manifestaron. Incluso llegaron a realizar una advertencia de ilegalidad por la falta de un aval de los promotores, que rápidamente aclaró el recién estrenado secretario. Preguntaron por qué no se requería una evaluación de impacto medioambiental y solicitaron aumentar el número de VPO, a pesar de que el nacionalista Antonio Gaspar, lo rechazó "porque era un convenio muy ajustado" durante su etapa al frente de Urbanismo. El actual responsable de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, zanjó el tema asegurando que el plan parcial tiene "todas las de la ley".

El soporífero pleno de ayer (duró más de seis horas) también reprobó al gobierno por las actuaciones del plan de navegación del Ebro, aunque el cansancio dejó un debate soso y por debajo de las expectativas. Al final, el teniente de alcalde Manuel Blasco, que ejerció de portavoz del gobierno, salió triunfante en términos dialécticos. Entre otros asuntos, también se aprobaron las ordenanzas con el apoyo de IU y se resolvieron las alegaciones del tranvía y la creación de una sociedad mixta para gestionarlo.