El Ministerio de Fomento "va a enviar" en las próximos días al Ministerio de Medio Ambiente el estudio informativo del tramo Mallén-Figueruelas para que inicie los trámites de la declaración de impacto ambiental. Representantes del PSOE aseguraron meses atrás que este informe no era necesario en el proceso administrativo del desdoblamiento y que, por lo tanto, no se iba a hacer. Ayer, desde el Gobierno central, se afirmó que hasta que Medio Ambiente dictamine, sigue sin poder garantizar un plazo para la obra.

En cualquier caso, Fomento aseguró que "el Ministerio tiene el máximo interés en acelerar la tramitación" y que "se va a hacer todo lo posible" para acortar el tiempo de inicio de las obras. Eso sí, en la parte técnica ya no depende de Fomento y por tanto del equipo que lidera la ministra Magdalena Álvarez sino que se ha pasado el problema a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural, Elena Espinosa.

Si inicialmente desde el PSOE se aseguró que no era necesaria la declaración de impacto es porque se entendió que desdoblar una carretera que ya está hecha (se trata de añadir dos carriles más a la vía actual entre los dos municipios en una) no tiene por qué generar un impacto ambiental relevante.

Sin esperar a Medio Ambiente

En cualquier caso, el presidente de la Plataforma por el Desdoblamiento, Antonio Asín, volvió a reiterar ayer que en la conversación que mantuvo con el secretario de Estado de Planificación, Víctor Morlán, este se comprometió a licitar la redacción del proyecto sin esperar al estudio de impacto ambiental, lo que aceleraría en varios meses los trámites.

Aunque el Ejecutivo ahora no lo quiera decir, ya conoce cuánto puede alargarse realmente el trámite del impacto ambiental. Otra cuestión es que después decida retrasarlo aún más o acelerarlo en lo posible. Si efectivamente lo considera una prioridad, podría sortearlo en unos pocos meses. Sin embargo, si como ocurre con otras obras y no tiene todavía intención presupuestaria de ejecutar el desdoblamiento, puede tenerlo bloqueado años. El ejemplo más llamativo en Aragón es el tramo Cuenca-Teruel. A pesar de que sería una autovía esencial para dar una salida viaria digna y más directa a los ciudadanos de Teruel hacia Madrid, el proyecto lleva cuatro años paralizado en la fase de evaluación ambiental. Y, como en el caso de la Mallén-Figueruelas, Fomento explica que está en otro departamento y que por tanto no puede fijar plazos.

Ante este panorama, las fuerzas políticas a excepción aún del PSOE han planteado que se libere el peaje en la AP-68 en ese mismo tramo para dar mayores garantías de seguridad.

Esta decisión la puede imponer el Gobierno central, ya que la ley de carreteras le faculta para ello a cambio de una indemnización a la empresa concesionaria. Pero también tiene una posibilidad de actuación directa el Ejecutivo autonómico, que puede mantener una negociación bilateral con la concesionaria. Como ejemplo a seguir tiene al Gobierno de La Rioja. En su caso, primero pactó directamente con la concesionaria la liberación de tramos y luego se sumó el Gobierno central.