La Junta de Personal y los sindicatos del Ayuntamiento de Zaragoza, CSL-CIPOL, CC. OO., UGT, OSTA y CSI-CSIF han exigido que se llegue hasta el final en la investigación del funcionario de Urbanismo, al que le han abierto un expediente disciplinario por recibir presuntamente dinero a cambio de agilizar licencias municipales. No obstante, piden "cautela y prudencia" hasta que no se resuelva el caso y se demuestre si es culpable o inocente.

Todos los sindicatos conocían la investigación que se había abierto al trabajador por medio de la resolución que habían recibido, aunque no tenían datos concretos de cómo había sucedido. "Hay que esperar a la instrucción judicial. Y si se demuestra su culpabilidad entonces sí que hay que lamentar lo sucedido y pedir que se le castigue", apuntó Tomás García, portavoz de la Junta de Personal y representante de CSL-CIPOL.

Los representantes de los sindicatos también lamentaron el caso, aunque pidieron "prudencia" a la hora de valorar el trabajo de este funcionario. "No son muchos los expedientes que se tramitan y la mayoría de ellos acaban sobreseídos. Así que hay que esperar a que se resuelva. No se puede prejuzgar a nadie", señaló Maite Polo, de CC. OO. "Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", apuntó Ignacio Aguar, de UGT. Mientras, CSIF mostró su preocupación por el hecho y pidió una sanción "ejemplar" si finalmente se comprueba su delito de cohecho.

En ese sentido, el sindicato OSTA censuró la manera de actuar en muchos de estos casos, ya que recordó que se suspende al funcionario de empleo y sueldo antes de certificar si ha cometido un delito o imprudencia en el ejercicio de sus funciones. De hecho, recordó que antes se procedía a hacer unas diligencias previas para investigar el caso sin dejar sin nomina al empleado. "Es cuando se ha comprobado la veracidad de los hechos o no, cuando se toman las medidas", explicó Javier Bernal.

Por su parte, el Ayuntamiento prefirió no facilitar más datos sobre el procedimiento abierto. Solo precisó que este funcionario no ocupaba un cargo de responsabilidad ni se ocupaba directamente de la concesión de las licencias municipales. No obstante, consideró precipitado hablar y dar datos sobre el caso, al estar en estos momentos en plena investigación. Por lo que no quiso adelantar más detalles de la denuncia.

Así, en estos momentos, solo se conoce la información que recoge la resolución que ha dictado el Área de Economía, Personal y Régimen Interior. En el documento, fechado el 21 de agosto, se explica que se ha llegado a esta decisión tras tener conocimiento de la denuncia formulada por un particular contra el funcionario en el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza.

En el escrito se especifica que el citado empleado percibía presuntamente determinadas cantidades de dinero para dar prioridad a la obtención de licencias urbanísticas. Ante esta sospecha y los indicios de una "posible comisión de un delito de cohecho", el Área acordó incoar un expediente disciplinario y comunicar la resolución a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

Según ha podido saber este periódico, en los últimos años no ha habido ningún caso similar en el Consistorio zaragozano. De hecho, se tramitan según datos facilitados por el Área de Personal, una media de 15 expedientes al año, aunque la mayoría son por causas menores y no son tan graves como este, en el que se podría haber cometido cohecho. En el Código Penal, este delito lo comete una autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicita o recibe, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente para realizar una acción en el ejercicio de su cargo.