REUNIÓN EN LA CAPITAL ARAGONESA

Belloch admite que ha recibido presiones para suspender la reunión municipal

El alcalde de Zaragoza no espera represalias por reunirse con responsables de Economía de Madrid y Málaga, ya que, "si un alcalde dependiera de las órdenes del partido, no solo sería poco adecuado desde el punto de vista del interés de los vecinos sino francamente inconstitucional". Los tres ayuntamientos han consensuado el documento que preséntarán ante la FEMP contra el recorte de Solbes.

Los responsables de Economía de los Ayuntamientos de Zaragoza, Madrid y Málaga han consensuado este lunes un documento con las líneas básicas de lo que creen que debería ser la base de la negociación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el Gobierno para establecer la participación municipal en los tributos del Estado.


El consejero municipal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Catalá, ha liderado en la capital aragonesa una reunión con sus homónimos de Madrid, Juan Bravo, y Málaga, Carolina España, para preparar el documento que mañana presentarán en la Comisión de Economía de la FEMP y que también trasladarán al Consejo Territorial del sábado.


El objetivo de este encuentro ha sido el de buscar soluciones a la "hipótesis" planteada por el ministro de Economía, Pedro Solbes, de recortar la financiación que reciben los ayuntamientos por parte del Estado y que, ha advertido en una rueda de prensa el edil zaragozano, podría generar "problemas muy graves" para prestar servicios a la ciudadanía, en muchos casos, además, "impropios".


Catalá ha insistido en que no ha sido "una reunión de alcaldes insumisos contra la disciplina de la FEMP", en respuesta a la polémica que ha suscitado la convocatoria de este encuentro, al que también se había invitado a Valencia, que gobierna el PP, Sevilla y Barcelona, ciudades gobernadas por socialistas que no han acudido tras recibir "presiones" del partido para circunscribir la negociación al ámbito de la FEMP, según ha precisado el concejal.


En este sentido, en declaraciones posteriores, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha revelado que había recibido llamadas desde el PSOE para que suspendiera la cita de hoy y que no espera represalias por no hacerlo, ya que "si un alcalde dependiera de las órdenes del partido, no solo sería poco adecuado desde el punto de vista del interés de los vecinos sino francamente inconstitucional".


El concejal de Economía ha precisado que los problemas financieros "son apolíticos" y por tanto se ha optado por mantener la convocatoria, porque "los ciudadanos están por encima de los intereses políticos".


"Por la responsabilidad que tenemos no podemos quedarnos cruzados", ha matizado sobre el mismo asunto Carolina España, quien ha hecho hincapié en los problemas que va a generar a los ayuntamientos el descenso de los ingresos por la venta de suelos debido a la crisis de la construcción.


Según Juan Bravo, esta práctica debería haber sido "coyuntural" y sin embargo ha sido una fuente de ingresos para los municipios, por lo que ha considerado que éste es un "momento crucial" para sustituir ese concepto por una fuente estable de ingresos corrientes, a través de la mejora de la participación en los tributos del Estado y en los ingresos de las Comunidades autónomas, como se ha recogido en el documento.


El teniente de alcalde madrileño ha subrayado además que el Estado debería asumir ese importe en el caso de incumplimiento por parte de la Comunidad autónoma y desgravárselo con posterioridad y ha advertido que la reforma del modelo de financiación local "responde a una necesidad económica no política".


En opinión de Bravo, no se trata de mejorar la financiación municipal por medio de la subida de impuestos sino, que se deberían incrementar los seis euros que reciben los ayuntamientos de cada cien euros que paga la ciudadanía al Estado, "cuando prestan 180 servicios básicos".


De este modo reclaman que se estudie "de inmediato" la participación en los ingresos del Estado para que no dependa de las políticas fiscales que pueda adoptar en cada momento el Gobierno de la Nación.


Los tres concejales también creen que la FEMP debería exigir a la administración central que modere el cumplimiento de la Ley General de Estabilidad presupuestaria hasta 2010, y que exija la revisión del modelo de endeudamiento de los ayuntamientos acogidos al modelo de cesión, o de aquellos de gran población para equiparlos a los de las Comunidades autónomas.


Finalmente proponen que el Ministerio de Economía revise al alza las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado para 2009 y que el Gobierno les compense financieramente por las medidas adoptadas desde la entrada en vigor del actual modelo de financiación.


Por su parte, Belloch ha indicado que ante este periodo de crisis respaldarían la postura del Gobierno si las administraciones autonómicas también decidieran rebajar su participación en los tributos, pero no acepta que "la solidaridad sea solo a costa de los ayuntamientos".