El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza ha ordenado investigar el último dragado del Ebro junto al recinto de la Expo, que se realizó el pasado mes de julio sin contar con permisos ambientales "previos". El portavoz de la Plataforma de Afectados por las Obras del Ebro, Jesús Maestro, confió ayer en que se llegue hasta el fondo gracias a la denuncia penal que han presentado contra la contratista de los trabajos, Copisa, por un presunto delito contra los recursos naturales y contra la ordenación del territorio.

El abogado de la plataforma, Chavier Mallor, señaló que la denuncia se presentó el 21 de julio y que ayer se ratificó, por lo que el juez en su auto insta a los "órganos policiales" a investigar el caso para conocer si hay indicios de delito "y base para abrir un juicio posterior por la vía penal".

Jesús Maestro explicó que van contra la empresa por ser la autora de las obras al recurrir a la vía penal, pero que el objetivo final de los ecologistas y vecinos que integran la plataforma es poner en evidencia que las administraciones están "machacando" el río por el "capricho" del alcalde, Juan Alberto Belloch, de hacerlo navegable. En este sentido, apuntó que el delito contra los recursos naturales se puede penar con un máximo de cuatro años de prisión y que a la la autoridad que hubiera informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales "se le condenará por prevaricación, con tres años de prisión y multa".

Maestro se mostró convencido de que el caso seguirá adelante, dado que las autoridades cometieron el "error" de actuar "con prepotencia y con las prisas de llegar con los barcos a la Expo como fuera", de forma que no requirieron autorizaciones para el dragado junto a la Expo, como sí han hecho en el resto de las intervenciones realizadas en el río

La Administración tiene una versión muy distinta, ya que apuntó en su día que las contratistas de los puentes tienen obligación de retirar las penínsulas de tierra, como hicieron este verano, para restituir el cauce a su estado natural. Esta condición se incluyó en los permisos de obra, por lo que entienden que no hacía falta otro informe adicional. Para la plataforma este condicionante no se exime de la solicitud de permisos ambientales posteriores para dragar.

La contratista de la pasarela, FCC, encargó este verano a Copisa la retirada de la península, ya que los barcos no tenían calado suficiente para llegar a la Expo. Una draga estuvo trabajando durante semanas para extraer parte de las tierras, creando un canal de navegación entre la pasarela de Manterola y el embarcadero de la Expo.

El portavoz de la Plataforma de Afectados incidió en que esta intervención se limitó a crear un canal para los barcos. "No retiró la plataforma, que estaba justo debajo de la pasarela, porque la máquina estuvo dragando aguas arriba. Solo hay que ver dónde trabajaba y cómo sigue la tierra bajo la pasarela", enfatizó.

Evaluación de impacto

En la denuncia se apunta que se ejecutó un canal de navegación de 200 metros de longitud, 20 metros de anchura y 2 de profundidad, lo que equivaldría a la extracción de unos 8.000 metros cúbicos. Al superar el límite de 5.000, estaría afectada la intervención por el Plan de Recursos Naturales del Ebro, "y debería someterse a Evaluación de Impacto Ambiental".

Maestro cuestionó a las administraciones por "trocear los dragados del Ebro" con la intención de que cada una de las actuaciones no supere los 500 metros de longitud, que obligaría a someter los proyectos a una declaración de impacto ambiental. "La ley no lo permite, y hay sentencias y jurisprudencia al respecto", dijo.

Su crítica se centra en el otro dragado que ejecutó el Ayuntamiento este verano en el tramo de Helios, ya que se desgajó del anterior. En este caso, sí tenía autorización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), con la prescripción de que no superase los 500 metros lineales de actuación. "Hemos recurrido a los tribunales porque no nos ha quedado otra opción. Solo hemos tenido acceso a la información a toro pasado y se han incumplido los acuerdos con el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica de crear una comisión para evaluar las actuaciones necesarias", dijo.

Respuesta municipal

El primer teniente de alcalde, Fernando Gimeno, subrayó que todas las intervenciones en el cauce, tanto las del 2007 como las del 2008, se han realizado con todos los requisitos legales y las autorizaciones preceptivas del Gobierno de Aragón y de la CHE. "Estamos absolutamente tranquilos. Ya archivarán la denuncia cuando corresponda", sentenció.

Gimeno salió en defensa de la navegación en el Ebro al apuntar que es un servicio público con "éxito" que respaldan. Por ello, señaló que no se puede enjuiciar un transporte pensado para 25 años por los problemas iniciales de este verano. Además, apuntó que la empresa también asume sus riesgos y que el Ayuntamiento hará los dragados que hagan falta para garantizar la seguridad en el tramo urbano y para restituir el cauce a su estado natural.