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Condenada a un año de prisión por estafa la ex alcaldesa de Trasmoz

María del Mar Salvador deberá pagar 123.000 euros a dos empresas. El juez la absuelve del delito de malversación de caudales

La sección tercera de la Audiencia Provincial ha condenado a la ex alcaldesa de Trasmoz, María del Mar Salvador, a un año de cárcel por un delito de estafa. El juez considera probado que la responsable municipal sabía de antemano la imposibilidad que tenía el Ayuntamiento trasmocero, por falta de fondos, de pagar a dos empresas que realizaron sendas obras en el municipio. Mientras, Salvador ha resultado absuelta de malversación de fondos y de desobediencia a la autoridad judicial.

La acusación, representada por el abogado Javier Notivoli, pedía en total cuatro años de cárcel para la ex edil. El proceso tiene la peculiaridad de que el ministerio fiscal había solicitado su libre absolución, al considerar que los hechos no constituían infracción penal.

El magistrado condena también a María del Mar Salvador a indemnizar a las dos empresas, Aragonesa de Aguas y Vertidos y Aragonesa de Alcantarillado, con más de 122.000 euros. Sin embargo, considera "clara" la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Trasmoz, por lo que si la ex alcaldesa se declarara insolvente la corporación trasmocera se podría ver fuertemente endeudada.

Cheques sin fondos

Entre 2000 y 2001, Salvador contrató a ambas entidades para realizar unos trabajos de captación de agua y en la red de saneamiento. En ambos casos, las facturas fueron endosadas a sendas entidades bancarias; en uno de ellos, la alcaldesa presentó cheques sin fondos a cargo de una cuenta a nombre del Ayuntamiento. Por todo ello, los bancos entablaron acciones civiles contra los responsables de las dos empresas, que fueron embargados.

Según refleja el juez en la sentencia, y dentro de la figura de la estafa, el caso se encuadra en el llamado "negocio jurídico criminalizado", en el que el "pacto se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude". El magistrado de la Audiencia Provincial, que hace hincapié en la "abundante prueba documental" para acreditar su "conducta fraudulenta", resalta como prueba de la estafa el hecho de que las obras contratadas por el Ayuntamiento de Trasmoz -donde residen unos 70 vecinos- superasen los 120.000 euros cuando la subvención de la DPZ apenas alcanzaba los 20.000.

Por contra, el juez no considera probado que la acusada sustrajese las cantidades aportadas por la DPZ, por lo que absuelve a Salvador del delito del malversación de fondos. También de desobediencia, al reflejar que los requerimientos en autos no estaban hechos en forma, ya que no fueron enviados personalmente a la ex edil.

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