Un juzgado instruye una presunta estafa en la venta a domicilio de aspiradoras

Un juzgado de Zaragoza ha abierto diligencias para investigar la actividad de una empresa, con sede en Barcelona y delegación en Cuarte de Huerva, que comercializa aspiradoras de la marca Kirby y que ha sido denunciada por presunta estafa en la venta de estos electrodomésticos.

De momento, hay unos 70 perjudicados, aunque la cifra podría ascender a 300. La mayoría de ellos es gente mayor o inmigrantes que cayeron en la trampa de unas fórmulas de venta muy agresivas y firmaron documentos de compra pensando que lo que hacían era aceptar a prueba el electrodoméstico. Cuando se quisieron echar atrás ya había una entidad financiera que les había concedido un crédito y se lo estaba reclamando. El precio de los aparatos oscilaba entre los 2.500 y los 3.000 euros, aunque con los intereses podría rondar los 5.000.

Así le ocurrió a la inmigrante Joaquina E. M. cuyo abogado, Rafael Ariza, denunció su caso ante los tribunales en junio de 2007. En un primer momento, el juzgado sobreseyó el caso, pero el letrado recurrió ante la Audiencia Provincial, que consideró que existían indicios de delito y ordenó que se continuase con la práctica de diligencias.

En su denuncia, la mujer explicó que en noviembre de 2006 se presentaron en su domicilio dos vendedores y durante las cerca de tres horas que estuvieron en su casa la estuvieron bombardeando a propuestas. La primera, dada su humilde situación económica, fue que entrara a formar parte de la empresa, bien como teleoperadora (tras pagar un cursillo) o como vendedora de aspiradoras.

Rafael Ariza señala que la captación de comerciales es otra de las técnicas de esta firma, y que lo primero que hacen cuando se deciden a trabajar para Kirby es proponerles que vendan electrodomésticos a sus familiares y así crear una estructura piramidal.

Cuando la mujer les dijo que no estaba interesada en trabajar, los dos hombres le propusieron dejarle una aspiradora para que la probara. A pesar de que les manifestó que tampoco quería, "totalmente confundida por la abrumadora verborrea de los comerciales, terminó firmando un documento que le presentaron ya que la convencieron de que a nada le comprometía, solo a tener la máquina a prueba en su domicilio durante cuatro meses, sin costo alguno", afirma.

Cuando los vendedores se marcharon de casa y meditó sobre lo ocurrido, decidió llamar a la empresa para decir que no le interesaba la máquina y que pasaran a recogerla. Sin embargo, solo recibió largas y nadie fue a buscarla.

La mujer puso el asunto en manos de la oficina municipal de información al consumidor para que se hiciera un arbitraje, al que Kirby no dio respuesta. Poco después, Joaquina E. M. recibió en su domicilio un documento denominado "ratificación de concesión de crédito", emitido por una financiera, en el que figuraban sus datos personales y una relación de pagos mensuales.

Según la denuncia, la mujer no había solicitado crédito alguno a esa entidad ni había suscrito ninguna póliza. Aunque su abogado pidió formalmente a la empresa que retirara la máquina y a la financiera que se abstuviera de pasar a cobro los recibos, hicieron caso omiso. La primera alegó que Joaquina E. M. no lo había solicitado en el plazo de siete días y, la segunda, pasó todos los recibos. La denunciante no pagó ninguno y la entidad se los ha reclamado. Su caso y el de otros perjudicados más está ahora en el juzgado.