La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dejado sin efecto la medida de alejamiento y comunicación impuesta a dos condenados del barrio Oliver de Zaragoza por una falta de lesiones y otra de injurias de las que fue víctima un matrimonio de ancianos. El argumento del magistrado Francisco Javier Cantero para dejar sin efecto la prohibición de aproximación y comunicación es que "habida cuenta de ser vecinos -recurrente y recurridos-, entiende la sala que no debe imponerse la misma (medida), en tanto en cuanto su efectividad supondría un obstáculo insalvable al uso del domicilio propio al recurrente".

La condena recurrida por Francisco Sánchez Motos y su suegra Piedad Gabarre Rodríguez fue dictada por el juzgado de Instrucción número cinco de Zaragoza el pasado otoño por una falta de lesiones, el primero y una falta de injurias, la segunda. Una tercera acusada fue absuelta. La novedad de aquella condena es que el juez les impuso la prohibición de aproximarse a menos de cuarenta metros a sus víctimas, Ángel Lahoz Martínez, un jubilado de 79 años, y su esposa, Joaquina Hernández Sanz, de 82.

Acusados y víctimas viven en la degradada calle de Rafael Salillas, un callejón sin salida con apenas cuatro casas habitadas y varios solares abandonados llenos de suciedad. Esos cuarenta metros establecidos en la medida de alejamiento es justo la distancia que separa los inmuebles de acusados y víctimas. Estas últimas viven al final del callejón por lo que diariamente deben pasar por delante de la casa de los acusados.

Quejas acumuladas

La primera sentencia fue resultado de la penúltima denuncia que presentó el matrimonio de ancianos por la agresión e insultos que sufrió un Sábado Santo por parte de algunos vecinos suyos. Los ancianos quisieron con aquel acto pedir protección tras muchos años de difícil convivencia vecinal. La pareja de ancianos guarda las denuncias acumuladas a lo largo de los años por daños en su coche, las cartas dirigidas al Ayuntamiento de Zaragoza para pedir protección y todavía tiene en su casa las huellas de piedras que les han lanzado e incluso de disparos de perdigones.

El matrimonio no acusa a nadie por estos hechos pero sí denunció en su día a este periódico los insultos que recibían por parte de algunos niños vecinos, que incluso les pegaban con total impunidad por parte de sus padres. En los últimos meses, no obstante, los ánimos en la calle han estado más calmados y los ancianos confían en que así se mantengan.

La abogada de los acusados, Olga Oseira, recurrió la sentencia del juzgado de Instrucción y la Audiencia finalmente ha absuelto a una de las condenadas, Piedad Gabarre, de la falta de injurias y ha dejado sin efecto la medida de alejamiento y comunicación (tenían prohibido comunicarse con los ancianos durante seis meses por cualquier medio, contacto escrito o verbal) impuesta a Francisco Sánchez. Retirar la medida de alejamiento era una de las principales aspiraciones de los recurrentes. No era así por la otra parte. "Si vivieran en la otra punta de Zaragoza no hubiéramos pedido una medida de alejamiento", señaló la representante legal del matrimonio Lahoz. "Precisamente, se solicitan este tipo de medidas porque viven cerca, porque son vecinos", añade.

"Nosotros no queremos ningún mal para nadie, solamente poder vivir tranquilos en nuestra casa y que mis hijos puedan venir con normalidad a esta calle, y aparcar el coche sin problemas", señala Joaquina Hernández, al recordar las veces que se han encontrado el coche con las ruedas pinchadas u otros daños.

Queda pendiente todavía por resolver otro proceso penal instado por Ángel Lahoz y su mujer contra familiares de los condenados. El pasado agosto, mientras se instruía el proceso por los altercados del Sábado Santo, el matrimonio Lahoz-Hernández volvió a denunciar a varios vecinos que, según relataron, les presionaron para que retirasen las denuncias por injurias y faltas. "Nos dijeron que quitásemos la denuncia, por las buenas, o por las malas", afirmó entonces la mujer. El juicio por estos hechos se celebrará el próximo 17 de junio.

Plan urbanístico

Por otro lado, el matrimonio solicita que se agilice el proceso urbanístico de esta zona de Oliver, según el cual ese callejón será abierto y se comunicará con la futura urbanización del cuartel de San Lamberto, un área de nueva creación en Miralbueno. Para abrir la calle es preciso derribar dos casas y sobre ambos inmuebles (uno aún habitado) ya hay sendos expedientes de expropiación. La propia Asociación de Vecinos del barrio Oliver pidió el pasado noviembre a gerencia de Urbanismo que se agilizasen los trámites correspondientes para la apertura de esa vía, donde se acumula suciedad y dejadez y los daños registrados, como farolas rotas, no se reparan. Pocos de fuera se atreven a entrar. Dicen que ni el cartero.