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La DGA tramita 35 denuncias contra bares que permiten la entrada a menores

En los tres primeros meses, ha recibido casi la mitad de los expedientes de 2007. La Policía Local, no obstante, ha abierto 64

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón (IASS) está tramitando actualmente 35 denuncias contra los bares de Zaragoza que permiten la entrada y venden alcohol a menores. Solo en los tres primeros meses de este año, se han registrado casi la mitad de los expedientes que se iniciaron en total en 2007. Entonces, se llegó a 88, 24 más que en 2006.

No obstante, la cifra superará la del año pasado ya que hasta ahora la Unidad de Apoyo Operativo (Uapo) de la Policía Local ha inspeccionado un total de 64 bares, en los que ha encontrado a 388 menores, de los que 33 estaban consumiendo alcohol. En la madrugada del sábado al domingo pasado se localizaron a 79 en dos bares. En uno del Casco, solo el número de estos adolescentes superaba el aforo permitido.

El procedimiento policial es el siguiente. Varios agentes camuflados de paisano controlan los bares de las zonas de marcha y cuando detectan la presencia de jóvenes que no tienen 18 años avisan a la Uapo. Montan un operativo especial e intervienen en el local. Allí, identifican a los chicos y chicas. También detectan si alguno está consumiendo alcohol.

Entonces, la denuncia al establecimiento es doble: por permitir la entrada a los menores y por vender bebidas alcohólicas. Los agentes rellenan un acta con los datos del local (licencia, aforo, normativa antiincendio, lista de precios...) y con las infracciones cometidas.

Después, la Policía Local envía los expedientes al IASS, que es quien se encarga de sancionar a los establecimientos. Las multas van desde los 3.000 euros hasta los 30.000 y dependen del número de adolescentes identificados, de si estaban bebiendo y de si el bar es reincidente.

Además de las denuncias de estos primeros meses, el IASS aún está tramitando 31 de los dos años anteriores (28 de 2007 y 3 de 2006). Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, el año pasado se recibieron 88, de las que 51 acabaron en sanciones. Se archivaron nueve. En 2006, en cambio, las cifras son inferiores. Llegaron 64 expedientes, 43 tuvieron su correspondiente multa económica y 18 concluyeron sin sanción.

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