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El Ayuntamiento recurrirá ante el Supremo el fallo del plan Aceralia y dice que no se paraliza

Recuerda que no es una sentencia en firme y que solo anula el convenio para trasladar fábricas del Picarral.

El Ayuntamiento de la capital aragonesa recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula el convenio que se firmó en 2003 con Aceralia y otras 13 empresas para trasladarse fuera del barrio del Picarral y que, según aseguró el teniente de alcalde de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, "no paraliza nada".

El fallo judicial, que se basa en un informe pericial de Academia del Colegio de Arquitectos de Aragón, estima que la ordenación de la zona, donde está previsto construir 2.344 viviendas, es irracional, "solo atiende a los intereses de las industrias promotoras" y no al general, no incluye los equipamientos necesarios e incumple la altura máxima de los edificios.

El Ayuntamiento recalificó los terrenos de estas factorías para sufragar los gastos de su traslado fuera del barrio del Picarral. Sin embargo, el grupo Saica, la entonces Amylum (ahora Tate Lille) y otras empresas presentaron sendos recursos contra la propuesta del millonario convenio que se aprobó en 2003 por el gobierno PP-PAR. En 2005, se ratificó definitivamente el plan especial por la coalición PSOE-CHA. Prácticamente todos los trámites han sido respaldados por todos los grupos municipales.

El teniente de alcalde de Urbanismo explicó ayer, durante su comparecencia tras la Gerencia, que el Ayuntamiento dispone de 30 días desde que se notifique la sentencia (ayer, aún no se había producido) para anunciar su intención de presentar un recurso de casación ante el Supremo, que podría tardar cuatro años en resolverlo. "Sabemos que el fallo se compone de dos dictámenes curiosamente distintos y cuando los tengamos, nos pondremos a trabajar en la presentación del recurso. Queremos verlos", adelantó.

Dos informes contradictorios

La sentencia se apoya en un informe del Colegio de Arquitectos de Aragón, que se opone a la ordenación de la zona, y no en otro que también se recoge en el dictamen y que, sin embargo, no pone reparos a los "principios de racionalidad y oportunidad". Tampoco cuestiona la densidad y el aprovechamiento urbanístico del ámbito y considera que las cesiones obligatorias para equipamientos es superior al 65% establecido en el Plan General. Aprueba además las zonas verdes y el número de viviendas.

La sala del TSJA, no obstante, desecha este informe pericial en favor del del Colegio de Arquitectos. Según explicaron fuentes próxima al caso, porque se considera "más completo y más convincente". Además, aseguraron que los informes periciales contradictorios suelen ser habituales en este tipo de casos y se suelen pedir a instancia de una de las partes.

Pérez Anadón insistió, en este sentido, que el fallo solo anula el convenio y descartó que pudiera afectar al planeamiento. De hecho, afirmó que en caso de que las promotoras tuvieran licencias (no es el caso) podrían empezar a construir porque no es una sentencia en firme. "Está recurrida también la modificación del Plan General y el plan especial, pero no hay sentencia", recordó. Estos podrían resolverse próximamente.

La respuesta del resto de los grupos municipales fue muy similar a la del gobierno respecto al recurso, salvo IU. Todos mantuvieron una reunión informal tras la Gerencia para conocer los detalles de la sentencia y la primera intención del equipo de gobierno. El PAR y CHA anunciaron que apoyarán el recurso, el PP dijo que lo estudiará cuando tenga toda la información e IU fue el único que aseguró que ve difícil respaldarlo.

El concejal popular Rafael de Miguel, "desde el respeto a las decisiones judiciales", insistió en la contradicción de los dos informes periciales y no quiso expresar su posición respecto al recurso. Además, recordó la filosofía del convenio, que su partido impulsó en 2003, y reiteró que se debería mantener "que la operación tiene indudables beneficios para el barrio". "El expediente cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables", defendió. También recalcó que el convenio "no habla de alturas, tramas, ni disposiciones de los edificios".

Juan Martín de CHA auguró que este proceso se va a paralizar entre 5 y 10 años por esta sentencia, de la que dijo "no compartir el fondo". No obstante, reconoció que "hay que acatarla".

El portavoz del PAR, Manuel Blasco, coincidió en que "los procesos que se han seguido han sido correctos y avalados por los técnicos". "Es necesario que se mantenga la situación tal y como está", subrayó. "No parece que nos hayamos equivocado tanto para que el convenio sea anulable", dijo.

Por su parte, IU fue el único que se descolgó del resto en sus declaraciones. Resaltó "la precariedad y la falta de rigor" con la que se llevó a cabo el convenio, que se aprobó sin un estudio económico sobre los costes del traslado de las fábricas. El portavoz, José Manuel Alonso, abundó en las críticas que hizo en su día (alta densidad, carencia de VPO, equipamientos insuficientes, altura excesiva...) y advirtió de que la sentencia "supone un aviso a navegantes de que en urbanismo no vale todo, ni siquiera bajo el paraguas de la salida de una empresa del casco".

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