Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Fernando Grande Marlaska a reabrir las diligencias por el accidente del Yak-42, que el magistrado había concluido y cuya reapertura, con cambio de criterio incluido, había solicitado la Fiscalía hace dos semanas.

En un auto difundido este martes y del que es ponente el magistrado Fernando Bermúdez de la Fuente, la Sala de lo Penal rechaza el argumento del juez Marlaska que responsabilizaba a la intermediaria Chapman Freeborn y a la subcontratada UM Air de las negligencia en el control del aparato siniestrado habiendo delegado de forma total y absoluta el control y gestión del vuelo en NAMSA, la agencia de la OTAN que gestiona este tipo de contratos. "Es obvio -afirma el auto- que quién tenía la obligación de cumplir con el transporte de las tropas españolas era el Ministerio de Defensa, siendo Namsa, Chapman Freeborn, UM Air y demás contratistas, los medios de los que el Ministerio de Defensa ser sirvió para alcanzar dicho objetivo".

Por ello, concluyen los magistrados, "existe una obligación en el ámbito del derecho privado en la contratación y otras obligaciones emanadas del vínculo de derecho público entre el Estado con sus militares que debe examinarse en la investigación judicial, por si las mismas han sido violadas y omitidas en el cumplimiento del deber de asegurar las condiciones de los servicios de transporte de dichas tropas".

Nuevos criterios

El auto recuerda que los responsables de Defensa recibieron catorce quejas relacionadas con el estado del Yakovlev por lo que el departamento que entonces dirigía Federico Trillo "tenía conocimiento de las circunstancias con que se estaban realizando los viajes de sus militares, incomodas, penosas y en ocasiones ciertamente peligrosas, sin que pese a ello se hiciera lo necesario para disminuir el riesgo". "Debe ser objeto de la investigación judicial", concluye.

El pasado día 8, la Fiscalía cambió de criterio sobre el accidente aéreo del Yak-42, ya que según explicó el fiscal-jefe, Javier Zaragoza, quedan "sin duda" muchas circunstancias sin determinar. El fiscal nombró algunas situaciones poco claras del accidente y del avión como que la carga de combustible era insuficiente, que la compañía, última responsable del Yakolev-42, no tenía licencia comercial para volar a Kabul, la caja negra del avión estaba estropeada o que el personal se encontraba durante el viaje en estado de ebriedad. "Son circunstancias suficientes para hacer una investigación en condiciones", apuntó.

Por su parte, los abogados de los familiares de las víctimas solicitaron la reapertura del caso al entender que Grande Marlaska cerró la investigación de forma "precipitada" y dejó las pesquisas "limitadas e incompletas". Así, alegaron, en contra de la versión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que el avión en el que viajaban los militares no estaba apto para volar. "Se sabía que había un alto riesgo para volar y por tanto previsible. La dejación de funciones de la compañía ha sido un hecho", subrayó el letrado Leopoldo Gay.

Críticas del PP

El diputado del PP Arsenio Fernández de Mesa, que ocupó esta legislatura la Vicepresidencia Segunda de Comisión de Defensa del Congreso, acusó al Gobierno socialista de "utilizar" la Justicia en el caso del accidente, haciendo una "manipulación obscena y repugnante" de la misma por razones electorales.

"El Gobierno está sometiendo a la Justicia española a una manipulación. Es realmente repugnante, máxime cuando estamos a 50 días de unas elecciones generales", proclamó, tras recordar que ha habido "tres archivos sucesivos y por dos jueces diferentes", la juez Teresa Palacios y Fernando Grande Marlaska.

Explicó que el hecho de el fiscal se haya adherido al recurso de las familias cuando "no se había opuesto al archivo de los dos autos anteriores "obliga" ahora al juez Grande-Marlaska a reabrir un caso "que ya estaba archivado". Para Fernández de Mesa este hecho evidencia una "manipulación obscena" por parte del Ejecutivo socialista que, según recalcó, se "sabe perdedor en las próximas elecciones". Según añadió, es "indignante la politización de la Justicia" que está realizando el PSOE.

"Está tratando de hacer lo mismo que en otras ocasiones: meter mano a cualquier dirigente popular con tal de desacreditarlo pero no lo van a conseguir porque en este caso lo que está claro es lo que ha dicho la Justicia en tres ocasiones sucesivas y por mucho que se empeñe no van a encontrar absolutamente nada ni ningún otro motivo por el que ya fueron enjuiciados en su momento", enfatizó.