Santisteve llevará el ICA a los tribunales europeos si fracasan las negociaciones

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha anunciado este lunes en su primera comparecencia en las Cortes de Aragón que el Ayuntamiento llevará el polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) a los tribunales europeos si el Ejecutivo autonómico "no da otra opción". Aunque no hay plazos, fuentes del Consistorio han confirmado que esta vía no está para nada descartada. La decisión se produce solo unas semanas después de que el Tribunal Constitucional avalase este impuesto y asegurase, en contra de lo que defiende Zaragoza en Común (ZEC), que no existe doble imposición.

Para Santisteve, sin embargo, el cobro de este impuesto en Zaragoza supone "una bofetada" a los contribuyentes. También ha acusado al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, de "traicionar a Zaragoza", ya que, en su opinión, privó a la capital de una inversión de 42,5 millones de euros al "imponer" el ICA "unilateralmente" por ley y no por convenio.

Para el regidor, es la ciudad quien ha sido solidaria con el resto de Aragón, ya que "en 1993 asumió el coste de la depuración en solitario, sin ayudas de la Unión Europea". Santisteve ha advertido de que esta "imposición" podría acarrear "responsabilidades patrimoniales para la Administración" a futuro. Esta decisión, ha afirmado, supuso "un quebranto de la confianza entre ambas instituciones", así como de la autonomía local. Ha criticado, asimismo, que todo se hiciese "sin consultar la opinión del Ayuntamiento".

A su entender, "hay que ser valientes" e impulsar "una normativa coherente". Su intervención, de más de 15 minutos, no ha estado exenta de críticas al también cuestionado Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD). Lo ha calificado de "monumental engaño" y ha aludido a los "millones de euros comprometidos de forma inadecuada". El regidor ha instado a "sellar de una vez por todas acuerdos que den seguridad jurídica a futuro" en materia de aguas.

El problema, de acuerdo con el concejal de Economía, Fernando Rivarés, que también ha comparecido por primera vez en el Parlamento autonómico, está en que "nunca ha existido voluntad para acordar nada con el gobierno de Zaragoza". "El único fin está siendo pasar por caja a familias, comercios y empresas para ganar tiempo antes de la quiebra del sistema de depuración", ha dicho. El concejal se ha referido a las "largas" que recibió la titular de Medio Ambiente, Teresa Artigas, al intentar negociar con el consejero del ramo, Joaquín Olona, el convenio entre la DGA y el Consistorio. También ha recordado "la energía con la que Gimeno exigía las inversiones que ahora niega". "Se cargó el acuerdo de manera unilateral. No se querían asumir las compensaciones pactadas para Zaragoza. ", ha asegurado.

Esto, ha recalcado, supuso "una grave deslealtad institucional". No obstante, se ha mostrado abierto a mejorar el actual ICA. Rivarés ha defendido la propuesta de la Red de Agua Público de Aragón (RAPA), que propone sustituir el ICA por un impuesto y una tasa, así como que la DGA asumiera parte del coste. De esta manera, se introducirían criterios de progresividad y se reducirían los costes. "El pufo del Plan de Depuración debe ser asumido con otros recursos autonómicos y un sistema de cobro donde la renta sea determinante", ha insistido.

Ha reivindicado, por otra parte, que las empresas privadas que se están beneficiando de este modelo asuman "una quita". "Hay que poner punto y final al gran engaño que ha supuesto la gestión del agua en Aragón", ha sentenciado.