Ocho meses de colapso institucional

El viernes 9 de febrero de 2018, a media mañana, los grupos de la oposición recibieron una comunicación en mano. En una carta fría e impersonal de un folio, acompañada por las actas de las cuatro sociedades dependientes del Consistorio –Zaragoza Cultural, Zaragoza Deporte, Zaragoza Vivienda y Ecociudad Zaragoza–, la vicealcaldesa, Luisa Broto, les informaba de la entrada en vigor de la ley de capitalidad y de que, en el marco de las nuevas atribuciones que daba al gobierno municipal, este había decidido los ceses y nombramientos de consejeros con el objetivo de que estos entes tuvieran una composición "concordante" con la que rige los designios de la Inmortal.

Cada grupo de la oposición se quedaba con un solo representante, pese a estar en mayoría en el pleno, mientras que el resto (hasta 11), correspondían a ZEC, formación a la que las urnas solo dieron 9 de los 31 concejales la corporación. Así comenzó una de las crisis institucionales más graves de la historia reciente en el Ayuntamiento, que ha provocado ocho meses de colapso hasta que el pasado miércoles el alcalde, Pedro Santisteve, arrojó la toalla.

Ecociudad, el detonante

El runrún sonaba ya en las semanas previas a ese 9 de febrero. Había movimientos para formalizar la maniobra en Ecociudad y en los pasillos de la Casa Consistorial al final todo se sabe. Ecociudad era la "herida que le supura al alcalde", como decía un concejal estos días, después de una tormentosa comisión de investigación, la imposición por parte de la oposición de un gerente que ZEC rechazaba y de una iniciativa ante la Fiscalía contra varios miembros del gobierno, entre ellos Santisteve. Pero lo que iba a ser para Ecociudad acabó extendiéndose a las cuatro sociedades. De perdidos, al río.

Aquel 9 de febrero, los grupos de Whatsapp ardían. "Golpe de estado" era la frase que más circulaba entre la oposición, que aludía a todas las dictaduras conocidas para referirse una medida que iba contra las raíces del municipalismo democrático. ZEC había activado una bomba, pero pensó que el berrinche de la oposición acabaría diluido en la acción de un gobierno que gestionaría sin concesiones a nadie hasta las elecciones.

"O gobernaban ellos o gobernábamos nosotros", recuerdan en ZEC. Los comunes llegaron a analizar el riesgo de moción de censura, pero sabían que el PSOE no tiene margen para remover a Santisteve de la mano del PP, por el efecto desestabilizador que esto supondría para la política autonómica y por desgaste electoral. Además, el conflicto no era de los que calan en la ciudadanía. Solo estaba en riesgo el presupuesto, una pérdida asumible. Fue el primer error de cálculo de los muchos que llegaron después.

El ‘golpe’ también fue insólito en sus consecuencias: generó una acción concertada sin precedentes desde todos los partidos de la oposición, desde la izquierda a la derecha, que se aferraron al pleno y a sus competencias para abrir una guerra sin cuartel contra el gobierno "en defensa de la democracia". PP, PSOE, CHA y C’s bloquearon parte de los presupuestos de las sociedades, para que el gobierno no los pudiera tocar sin su permiso, y dejaron de acudir a los patronatos, que no se podían reunir por falta de cuórum. Y todo esto mientras se activaba el recurso de inconstitucionalidad para desarticular el ‘golpe’ desde el punto de vista jurídico. "No contábamos con la reacción de la oposición", admite un cargo de ZEC.

El gobierno lo intentó todo: infructuosas iniciativas judiciales para desbloquear los fondos, pataleos en las redes sociales, presiones de los colectivos sociales que no cobraban sus subvenciones, amagos de negociación con PSOE y CHA... Pero todo fracasó y la libertad de gestión a la que aspiraba se limitó al cese de un par de gerentes y poco más. Incapaz de controlar el debate público, que solo basculaba sobre la crisis, el gobierno se sumió en un profundo proceso de desgaste.

Las disensiones en ZEC no tardaron. Nacho Escartín, líder de Podemos, rechazaba en público y en privado la decisión de Santisteve, mientras que IU contactaba con PSOE y CHA para buscar una salida. Sectores de los dos partidos insistían en los plenarios de ZEC en la necesidad de resolver la crisis, pero se topaban con dos escollos: el alcalde, que había hecho de este pulso una batalla personal, y la necesidad de mantener la cohesión interna entre corrientes en permanente tensión, con sectores radicalizados que no aceptaban una renuncia sin la garantía de sacar contrapartidas. En julio, ZEC se estampó en el pleno en su primer intento de desbloquear los fondos de las sociedades, unos 12 millones. Los niveles de ejecución presupuestaria eran alarmantemente bajos en año preelectoral. Pero ni aún así quería rectificar.

Y llegó agosto. El Gobierno de Sánchez, con la aquiescencia tácita de la DGA, interpuso recurso contra el artículo que sirvió a Santisteve para tomar el control de las sociedades, lo que supuso su suspensión automática tras la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional. El día 18 de septiembre, consciente de su derrota, Santisteve abrió contactos con PSOE y CHA.

Pese a que sabía que la oposición iba a acabar retornando a los consejos de administración, el alcalde se revolvía con informes de sus asesores jurídicos. Hubo nuevos contactos con PSOE, CHA y C’s, marcados por la tensión, el pasado martes y miércoles. Santisteve se resistía a lo inevitable: o rectificaba o la oposición lo arrastraría hasta un pleno que el 16 de octubre le obligaría a hacerlo. Al final, Santisteve se rindió.

Recomposición del tablero

La decisión de Santisteve recompone el tablero político, que ahora solo queda marcado por la cercanía de las elecciones y las tensiones que esto implica. En primer lugar, se desinflama el conflicto perenne de la izquierda y abre opciones de acuerdo en un contexto general de acercamiento. La previsible aprobación de los impuestos se verá como un ejemplo del nuevo escenario. Pero, como se constató el viernes en el pleno, hay demasiadas heridas como para que se detenga la bronca entre PSOE, CHA y ZEC, aunque los intereses creados en las instituciones que gobiernan puedan servir de contrapeso.

El segundo efecto es que se rompe la unidad de acción de la oposición frente a ZEC, como evidenció el PP el viernes. Los populares dan por amortizado a Santisteve de cara a las elecciones de 2019 y han fijado su objetivo en el PSOE de Pilar Alegría, al que querrán vincular a los comunes para corresponsabilizarlo de su fracaso en la gestión. Pero esa será ya otra historia.