El Supremo vuelve a dar la razón a Agapito Iglesias y le evita devolver 12,2 millones a Plaza

El Tribunal Supremo acaba de anular definitivamente la única sentencia que hasta ahora daba la razón a la DGA en los múltiples litigios judiciales abiertos por presunta corrupción o sobrecostes en torno a la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Y lo ha hecho absolviendo al constructor soriano Agapito Iglesias, al que un juez condenó en 2012 a devolver 12,2 millones de euros a la DGA por un supuesto enriquecimiento ilícito en la construcción de un aulario en el complejo logístico.

El empresario recurrió el fallo y la Audiencia Provincial acabó anulándolo, sentencia que ahora el Alto Tribunal ha declarado firme al rechazar las alegaciones que habían hecho los letrados de la Comunidad Autónoma en representación de Plaza S. A. y Suelo y Vivienda de Aragón S. L. U.

La Sala de lo Civil del Supremo ni siquiera ha entrado a analizar en profundidad los argumentos de la DGA, ya que al apreciar un defecto de forma en la tramitación del recurso de casación se ve obligada a rechazarlo. Y por lo tanto, además no conseguir recuperar los 12,2 millones de euros que reclamaba al constructor, el erario aragonés deberá hacer frente a la costas judiciales del procedimiento.

El pronunciamiento del Supremo supone un duro varapalo a la DGA, que ha perdido todos los juicios vinculados a Plaza celebrados hasta ahora por la vía penal y conservaba la esperanza de obtener una resolución favorable en esta causa civil. La sentencia se conoce además a las puertas del último gran juicio pendiente, el caso ‘madre’ o principal de Plaza, que a partir del próximo 1 de octubre sentará a 25 acusados en el banquillo por un supuesto fraude de 140 millones de euros.

No hubo enriquecimiento ilícito

El litigio civil que acaba de perder definitivamente la DGA tiene su origen en la subasta de una macroparcela de 8 hectáreas por parte de Plaza, a la que solo se presentó Agapito Iglesias y que se quedó por un euro más de los 18 millones del precio de salida. En el pliego se establecía que la sociedad pública se reservaba el derecho de recompra de hasta 12.000 metros de oficinas por su precio de coste, entendiendo por ello el importe proporcional del suelo, el de la construcción según los precios unitarios del constructor y, sobre todo ello, un 19% de gastos generales y beneficio industrial.

Concluidas las obras, Zaragoza Plaza Center Campus Empresarial S. A., sociedad con la que Agapito Iglesias impulsó el proyecto, ofreció a Plaza la posibilidad de hacer efectiva su opción de compra por un total de 20 millones de euros. La sociedad pública había previsto adquirir estas oficinas por 12 millones, pero terminó aceptando la oferta del constructor soriano.

Sin embargo, Plaza S. A. y Suelo Vivienda de Aragón S. L. U. presentaron después una demanda contra la sociedad de Agapito Iglesias solicitando la nulidad del contrato suscrito con este en 2007. Como razones para hacerlo, alegaban no estar conformes con el precio y vicio de consentimiento.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza estimó que el contrato era válido, pero condenó a Plaza Center Campus a devolver los 12,2 millones a Plaza al apreciar un enriquecimiento injusto. Los abogados de Agapito Iglesias recurrieron esta sentencia argumentando que si el contrato era correcto no podía dar lugar a un enriquecimiento ilícito. «Carecería de sentido hablar de desequilibrio en una relación jurídica si esta está constituida por un contrato cuya validez está incólume», dijo la Audiencia Provincial en una sentencia que ahora es firme.