La Audiencia decidirá si la compra de 10 kilos de oro fue una estafa o un mal negocio

La Audiencia Provincial de Zaragoza tendrá que decidir si la compra de 10 kilogramos de oro procedentes de una mina africana fue una estafa o una operación comercial frustrada. Para averiguarlo, los magistrados de la Sección Sexta escucharon este lunes los testimonios de las partes implicadas en el negocio, que se remonta al otoño de 2016 y que nunca llegó a materializarse.

El principal acusado en esta trama es Jesús María S. G., un vecino de la capital aragonesa que ya fue condenado por un delito de estafa en 2013, actuó como comisionista. La Fiscalía considera probado que en octubre de 2016 el encausado llamó a un familiar de su entonces pareja para comentarle que estaba trabajando en la compra de una partida de 100 kilogramos de oro procedentes de Ghana y uno de sus contactos le había hablado de la posibilidad de segregar 10 kilos más a un precio asequible.

A grandes rasgos, el negocio consistía en que el precio del material precioso en origen era de 24.693 euros/kg, pero una vez en España su valor llegaría a los 38.320 euros/kg. El encausado le dijo a su pariente político que si decidía poner dinero, a cambio de 7.723 euros que se destinarían a "tasas, portes y seguro de viaje", podría obtener un beneficio de 5.904 euros/kg en poco tiempo, porque esperaba que los trámites de importación culminaran con éxito a finales de diciembre de 2016.

Según reconoció este lunes el denunciante, decidió invertir en el negocio porque confiaba en él debido a la relación familiar que les unía. "Me pareció una operación rara, pero no la vi arriesgada", afirmó. Sin embargo, casi dos meses después de realizarle la transferencia empezó a inquietarse por la marcha del negocio y tras reunirse con el principal acusado y no hallar respuestas convincentes ni recuperar su dinero, acabó denunciando ante la Policía Nacional a principios de 2017.

Ante el tribunal, el acusado declaró que el negocio de la compraventa de oro existió y "siempre fue por buen camino", aunque acabó frustrándose por "causas" que a él "se le escaparon". El fiscal le preguntó entonces por qué no devolvió la aportación que había realizado el denunciante, a lo que Jesús María S. G. contestó que ese dinero "se invirtió" en que la operación saliera bien. "Hubo que hacer muchos viajes a Ginebra, Granada, Barcelona...", enumeró el encausado.

El fiscal pide una pena de dos años y medio de prisión por un delito de estafa. La acusación particular, a cargo de Sara Munárriz, pide una condena de tres años de cárcel por un delito de estafa agravada por la relación de confianza que mantenían ambas partes en el momento de los hechos y una multa de 1.080 euros. Ambos solicitan que los 7.723 euros invertidos sean restituidos.

Por su parte, Rafael Ariza, que ejerce la defensa en nombre de Jesús María S. G., solicita la libre absolución. El juicio tuvo que ser suspendido este lunes a falta de las conclusiones definitivas, pero quedará visto para sentencia el próximo viernes.