El Ayuntamiento se ofrece a rehabilitar la capilla del convento de Torre Ramona

La suspensión de la licencia de derribo y la protección patrimonial del antiguo convento de Torre Ramona, en el barrio de Las Fuentes, quedó ayer en el aire. A petición del PSOE, la gerencia de Urbanismo sacó de su orden del día estos dos puntos, entre críticas de todos los grupos al gobierno de ZEC por lo precipitado de sus iniciativas. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón, propietario del terreno –donde tiene derecho a levantar pisos–, sigue teniendo en su mano la licencia de derribo que el propio Consistorio le concedió en marzo, y que ahora quiere revocar. Sin embargo, la piqueta aún no entrará en Torre Ramona.

El Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón van a negociar en los próximos días el plan urbanístico para esta parcela, aunque el Consistorio ya anticipó que se va a ofrecer al Ejecutivo autonómico para quedarse con la parte más valiosa, la capilla, con el objetivo de conservarla y rehabilitarla.

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón descartaron que se vaya a ejecutar el derribo de forma inminente, a pesar de que tiene licencia para ello. Primero, por la propia negociación que se va a abrir con el Ayuntamiento, en la que se verá qué partes se salvan; y segundo, porque en la exploración previa que ha hecho –iba a empezar el derribo el pasado lunes– apareció algo de amianto, por lo que hay que hacer un estudio detallado de cómo se va a ejecutar ese derribo.

El debate en el Ayuntamiento

Ayer, la gerencia de Urbanismo llevaba tres puntos relacionados con Torre Ramona: la revocación de la licencia de derribo, el inicio de los trámites para proteger las partes más valiosas y la instancia al Gobierno de Aragón de que valle el perímetro y tapie la planta baja para evitar la entrada de personas en su interior, dado el delicado estado en el que se encuentra el conjunto. Finalmente, solo el tercero salió adelante.

Los otros dos se retiraron del orden del día. La concejala del PSOE Lola Ranera lo solicitó para que el Ayuntamiento inicie, antes, una negociación con el Gobierno de Aragón y con los vecinos de la zona. «Hay que estudiar a qué se destina el edificio, porque tiene importantes deficiencias estructurales», advirtió.

El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, reconoció que ha iniciado todas estas gestiones de urgencia después de que fueran los vecinos quienes advirtieran del riesgo de derribo que existía por el permiso que dio su área en marzo. Esto levantó las críticas del resto de grupos. «¿Nadie en el Ayuntamiento sabía que esto había que protegerlo?», se preguntó Alberto Casañal (C’s). Pedro Navarro (PP) señaló por su parte que el objetivo del gobierno municipal ha sido «fastidiar al Gobierno de Aragón».