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Operación Enredadera

El exintendente de Teruel se entrega a la Policía y queda en libertad tras declarar

El exjefe de los agentes municipales, investigado en el marco de la Operación Enredadera, estaba de viaje en Italia y llegó a Zaragoza en la noche del lunes

Santiago Hernández, este martes, a su llegada a la Jefatura Superior de Policía de Aragón.Heraldo.es

El ex jefe de la Policía Local de Teruel, Santiago Hernández, quedó en libertad este martes tras declarar ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que investigan una presunta trama de corrupción nacional relativa a amaños en contratos administrativos vinculados al tráfico. En concreto, con programas informáticos relacionados con la seguridad vial y la tramitación de las multas desarrollados por Aplicaciones Gespol S. L., una mercantil integrada en el Grupo Sacyr.

Santiago Hernández era el único de los exjefes y jefes de Policías Locales de seis ciudades españolas que quedaba por declarar en el marco de la Operación Enredadera. La investigación empezó hace meses y culminó el pasado 3 de julio con el arresto de 39 personas en todo el país, entre ellas el intendente de Huesca, Alberto Edroso, que también fue puesto en libertad ese mismo día tras ser interrogado por los investigadores.

La Policía Nacional tenía previsto detener aquella mañana a Santiago Hernández, pero no pudo encontrarlo en su domicilio de la capital aragonesa al estar de viaje en Italia con motivo de una celebración familiar. A pesar de ello, según explicó su abogado, Enrique Trebolle, habló con los agentes y, tras demostrar que era un viaje programado con antelación, se comprometió a presentarse en la Jefatura Superior de Policía de Aragón a su vuelta a Zaragoza.

Así lo hizo este martes y, según su letrado, contestó a todas las preguntas que le fueron formuladas. Precisó que las cuestiones planteadas fueron bastante genéricas (ya que la causa está secreta) y no entraron en detalles concretos. Sí dijo que durante los 16 años que estuvo al frente de la Policía Local de Teruel nunca recibió prestación o dinero alguno de la empresa Sacyr.

Los investigadores sospechan que se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad solo recaudatoria. En relación con esta presunta revelación de información privilegiada, Santiago Hernández negó que hubiera facilitado datos confidenciales relativos a su trabajo, según su abogado.

El día que se produjeron las detenciones también se llevaron a cabo registros simultáneos en los ayuntamientos investigados y las dependencias de la Policía Local, de las que se llevaron documentos. Desde el Ayuntamiento de Teruel aseguraron entonces no tener constancia de que hubiera habido algún contrato con las empresas investigadas por la Policía Nacional. Destacaron que todos los pagos, por pequeños que sean, están fiscalizados por la unidad de Intervención y no les constaba relación con las mercantiles sospechosas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huesca solo tenía constancia de un contrato con la empresa Aplicaciones Gespol S. L. El encargo es de este mismo año, por un importe de poco más de 4.000 euros. Como ya se informó, se trata de un contrato menor, que como tal no pasó por la mesa de contratación, que tiene que ver con cuestiones de calidad relacionadas con la seguridad vial.

En el marco de esta operación fueron arrestados, entre otros, Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos; el de Astorga (PP), Arsenio García, o el de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas (PSOE); los jefes de la Policía Local de Oviedo, Fuenlabrada y Pinto (en Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres), y el empresario José Luis Ulibarri, ya implicado en el caso Gürtel.





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