La DPZ nombra 17 nuevos bomberos, 9 de ellos señalados como posibles conocedores de la preguntas

La polémica oposición de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), por la que se investiga judicialmente al presidente Juan Antonio Sánchez Quero y a otras siete personas por la posible filtración de preguntas, ha llegado a su fin. Tras la práctica de todas la pruebas teóricas y prácticas, la institución acaba de publicar el decreto por el que se designa funcionarios a los 17 aspirantes mejor puntuados. Y entre ellos figuran los nombres de nueve de los opositores que infundieron sospechas al analista de datos que examinó los exámenes por orden del juez. Por tanto, será ahora este último quien tenga la última palabra.

La abogada Carmen Sánchez, que representa a los aspirantes que denunciaron un posible tráfico de influencias en el examen teórico, solicitó en su día la paralización cautelar de las oposiciones. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza rechazó la petición y el proceso continuó adelante. La acusación recurrió el auto del juez ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, pero esta todavía no se ha pronunciado sobre la cuestión. Por lo tanto, cuando lo haga, los nuevos funcionarios ya estarán trabajando en el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI).

El decreto de la DPZ establece que los 17 seleccionados deberán pasar un periodo de prácticas, tras el cual deberían incorporarse al servicio con la retribución correspondiente como funcionarios del Grupo C (subgrupo C1). Nueve de ellos trabajaban ya en distintos parques comarcales como bomberos interinos -entre estos, cinco cuyos resultados en el examen infundieron sospechas al perito judicial-, por lo que han solicitado que se les mantenga esta categoría hasta poder cobrar como funcionarios de carrera. De esta manera, podrán seguir cobrando los trienios que tienen reconocidos.

Pendientes del juez

A día de hoy, ya se han practicado todas las declaraciones y pruebas que propusieron tanto la acusación particular, como la defensa, que ejerce el letrado Jesús García Huici. De hecho, tanto el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero (PSOE) como el resto de encausados aprovecharon para negar cualquier filtración o interés en que determinados aspirantes tuvieran algún tipo de ventaja

Por lo tanto, ahora le tocaría al magistrado Fernado Ariste pronunciarse. Las opciones son múltiples, desde archivar la causa si no encuentra evidencias de delito contra los investigados, hasta exonerar a algunos y llevar a juicio a otros. De considerar probado el tráfico de influencias por parte de algún sospechoso, serían después tanto la Fiscalía como los querellantes quienes tendrían que presentar su escrito de acusación.

Sin embargo, según fuentes consultadas por HERALDO, todo apunta a que el pronunciamiento del juez instructor podría retrasarse hasta el próximo mes de septiembre. Entre otras cosas, porque los juzgados echan la persiana en agosto y porque la Audiencia Provincial de Zaragoza podría haber resuelto para entonces el recurso contra la paralización de la oposición. Por lo tanto, parece que habrá que esperar para saber cómo termina el asunto en la vía penal.