El Consejo de Estado, principal órgano consultivo de España, ha emitido un informe en el que se dictamina la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley de capitalidad de Zaragoza. Este apartado, que fue el empleado por el alcalde Pedro Santisteve y por su Gobierno para quitar la mayoría a la oposición de las sociedades municipales –anulando así el control democrático sobre la actividad política de ZEC– debería ser recurrido por el Ejecutivo de Sánchez mientras se solicita la suspensión cautelar

El dictamen del Consejo de Estado no deja lugar a demasiadas interpretaciones. Apoyado en la doctrina del propio Constitucional, el máximo órgano consultivo señala que "no corresponde a la ley autonómica sustraer cualquier facultad de decisión del pleno en lo concerniente a la composición de la Junta General y a la formación de la voluntad en el seno de la sociedad mercantil local (...)". Bajo esta visión, el artículo 14 de la ley de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, y que fue utilizado por Pedro Santisteve para quitar la mayoría a la oposición de las sociedades municipales, quedaría fuera del amparo constitucional. El informe del Consejo de Estado, que avala la tesis defendida por toda la oposición municipal frente al Gobierno de Zaragoza en Común, supone también un golpe para el Ejecutivo aragonés (PSOE-CHA) que pactó el contenido de la norma con el Ayuntamiento. La importancia política del dictamen queda fuera de toda duda al confirmase la posible inconstitucionalidad de una medida de carácter unilateral que ignoraba la soberanía del pleno municipal. Cara a la recuperación urgente de la normalidad, el Ejecutivo de Sánchez habría de acelerar la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional.