Andrés Martínez Cortés vive en la calle de la Sagrada Familia, en el barrio de Casablanca, y está indignado con la subida que ha aplicado este año el Ayuntamiento de Zaragoza a los garajes y trasteros mancomunados. Como afectado, pone números a su cabreo: "Si el año pasado pagué por mi garaje y trastero 144,51 euros, este año son 318,81 euros. El sablazo es impresionante", dice.

Martínez Cortés es abogado, administrador de fincas y secretario general de la Asociación Provincial Empresarial de Propietarios y de Comunidades de Propietarios de Zaragoza (Coprofi). Explica que en su comunidad hay 66 viviendas repartidas en 6 bloques y dos plantas de garaje. "Cualquier persona que tenga el garaje en su escritura paga más de la mitad que nosotros", protesta.

"Se incumple la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley. No puede ser que por el hecho de ser mancomunado tengamos que pagar el doble", afirma Andrés Martínez Cortés, que ha presentado un recurso de reposición ante el Ayuntamiento. En total, en su urbanización hay 148 plazas de garaje y 92 trasteros.

A su comunidad les giran dos recibos idénticos: uno por la planta -1 y otro por la -2. "Para el Ayuntamiento es un ahorro burocrático", recuerda. En 2018, la suma de las dos facturas del IBI es de 25.519,68, cuando en 2017 el impuesto les salía a los vecinos por 11.684,46. "Es más del doble. Si todos somos iguales, a qué viene esta discriminación", insiste.

A su juicio, se produce una "contradicción" en el cambio de la ordenanza municipal. Recuerda que a los usos residenciales no se les pueden aplicar tipos diferenciados del IBI. "Se sacan de la manga que esto es un almacén", lamenta Martínez Cortés. Y asegura que desafectar el garaje y dividir la propiedad tiene unos costes elevadísimos. "Y este año el robo se habría convertido en realidad", concluyó.