La juez no halla pruebas de que el exalcalde de Trasmoz se quedara con el dinero de las fiestas

Javier Moliner Cebollada, alcalde de Trasmoz entre 2007 y 2014, ha sido absuelto de la acusación de apropiación indebida de los 4.140 euros recaudados entre los vecinos para celebrar las fiestas de 2014. La juez recoge en su sentencia que, "pese a existir una cierta sospecha" de la comisión delictiva por parte del acusado, durante el juicio hubo una "falta absoluta de prueba" sobre qué gastos se hicieron en aquellas fiestas y cuáles fueron pagados y cuales no.

La magistrada añade que "no cabe presumir que todos los gastos fueron impagados" ni que "todo el dinero recaudado fuera a parar al bolsillo del acusado".Sobre todo teniendo en cuenta de que, según contaron los testigos en la vista oral, no se llevaba cuenta alguna, se recaudaban en mano sin pasar por control alguno y los que se gastaba se pagaba también en mano. Por estas razones y ante la duda "objetiva" y "razonable", no cabe adoptar otra decisión que la absolución del exalcalde.

Javier Moliner fue juzgado por estos hechos el pasado 5 de junio, un día después de haber admitido ante la Audiencia Provincial de Zaragoza haberse malversado 4.235 euros que deberían haber servido para comprar una furgoneta para el municipio y que fueron a parar a su cuenta corriente. El reconocimiento del delito le supuso una condena de seis meses de prisión y la devolución de la mencionada cantidad al consistorio de la localidad de la comarca de Tarazona y el Moncayo.

En el asunto del dinero de las fiestas, sin embargo, no se conformó con la acusación y durante la vista oral negó habérselo apropiado. Declaró que como alcalde y presidente de la comisión de fiestas él era el encargado de recaudar y de pagar y que los cuatro mil y pico euros que se recogieron ese año los guardó en su despacho. Con ellos pagó, entre otros gastos, los 1.000 euros del vermú popular, lo que pudo justificar con un documento que presentó su defensa.

Sin embargo, el resto de los justificantes, según explicó, no los pudo aportar porque se quedaron en su despacho y no los pudo coger porque le echaron con una moción de censura. Argumentó también que nunca se recaudaba suficiente y entonces tenían que recurrir a las subvenciones de la Diputación Provincial para pagar las orquestas. Como ese año le echaron del puesto, no sabe lo que pasó.

Los testigos que declararon en el juicio contaron que, tras la moción de censura, acudieron los proveedores a reclamar importantes cantidades de dinero, como el representante musical, al que se le debían 6.000 euros de un año y 15.000 de otro. El actual alcalde, Jesús Ángel Andía, tuvo que llegar a un acuerdo con él para que no les demandara. También le reclamó el que llevó al grupo de jotas, además de pequeños proveedores. La juez afirma que ninguno de los afectados, salvo el de las jotas (una actuación que solía pagar la DPZ) fue al juicio a declarar, ni las acusaciones fijaron los conceptos ni las cuantías de cada uno de los gastos. Señala que si bien puede ser una "mala gestión" del alcalde, no supone un "enriquecimiento ilícito" del mismo.