La Audiencia de Zaragoza ha juzgado este martes a Juan Carlos R. y Almudena S., dos vecinos de la capital aragonesa que están acusados de haber robado un par de ordenadores portátiles y un teléfono móvil en el Centro de Día San Blas, un edificio del barrio de San Pablo en el que se presta asistencia a personas sin hogar.

Los hechos por los que se han sentado en el banquillo se remontan a la madrugada del 18 de julio de 2016, cuando, según el fiscal, Juan Carlos R. arrimó dos cubos de basura a la pared del citado edificio (situado en los números 24-26 del paseo de Echegaray y Caballero) y, encaramándose a ellos, accedió al mismo por una ventana mientras Almudena S. vigilaba a pie de calle. Una vez dentro, forzó las puertas de la consigna, la despensa y la oficina y se apoderó de los ordenadores, el móvil, medicamentos y otros efectos que no se detallan en el escrito de acusación.

El ministerio público ha solicitado para Juan Carlos R. una pena de prisión de seis años porque le considera autor de un delito de robo con fuerza y pide que se le aplique la agravante de reincidencia, dado que ha sido condenado “por numerosos delitos contra la propiedad, entre muchos otros” por tres sentencias de los años 2008, 2009 y 2015, según consta en el escrito de acusación. Para Almudena S., la Fiscalía pide tres años por el mismo delito o que alternativamente sea condenada a un año de prisión por receptación (adquirir una cosa a sabiendas de que es robada).

El relato que el ministerio público considera probado fue negado por ambos acusados. La mujer, que está en tratamiento en Proyecto Hombre desde hace dos meses, dijo durante su declaración que le compró el móvil al otro acusado por 15 euros sin saber que era robado. El terminal le fue intervenido por una patrulla de la Policía Local en la plaza de José María Forqué en septiembre de 2016 cuando, según ha explicado, tuvo una disputa por la propiedad del teléfono con un tercero y ella misma llamó a la emisora policial para que acudieran.

Precisamente esta última circunstancia ha sido utilizada por la acusada ante el tribunal para demostrar su inocencia. “Si hubiera sabido que era robado no hubiera llamado a la Policía”, dijo la mujer. Por su parte, Juan Carlos R. ha negado todos los hechos que se le imputan y ha afirmado que cuando se produjeron los hechos “estaba con su mujer”.

Uno de los policías nacionales que investigó el robo en el Centro de Día San Blas ha comparecido en el juicio y ha explicado que en el lugar de los hechos no se tomaron huellas, pero ha abundado que unas cámaras de seguridad de la zona registraron toda la secuencia y ha dicho que, aunque en las imágenes no distinguen las caras de los asaltantes, “las características físicas coinciden con los acusados”. Las defensas de ambos utilizaron este extremo para pedir la libre absolución de sus representados. “(En las imágenes) No se puede reconocer de ninguna manera a los acusados”, ha valorado Emiliano Berges, abogado de Juan Carlos R., que ha agregado que se han tenido en cuenta sus antecedentes penales para detenerlo e imputarlo después en esta causa. “Los indicios no pueden ser nunca suficientes para una condena penal”, ha zanjado.

Por su parte, Alexis Guajardo, letrado de Almudena S., ha insistido en que las características físicas que aparecen en las imágenes “coinciden con la inmensa mayoría de la población”. “No existe prueba de cargo contra mi cliente”, ha incidido.

Durante la vista oral también ha declarado el miembro de la junta directiva del Centro San Blas que descubrió el robo a la mañana siguiente. El hombre ha renunciado a la indemnización que le correspondería a la institución dado que se trata de una organización sin ánimo de lucro “que se dedica a ayudar a personas sin hogar”, según ha señalado.