El Ayuntamiento de Zaragoza que gobierna ZEC, con el alcalde Pedro Santisteve al frente, ha aplicado su particular ‘catastrazo’ a numerosos garajes comunitarios cuyos propietarios siguen sin dar crédito al importe del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que deben pagar y para el que el plazo en periodo voluntario acaba de finalizar en abril. Una subida de más del doble por el mismo inmueble,  pero que ha pasado a estar gravado como un gran almacén de propiedad única, equiparado a comercios y oficinas.

Según ha podido saber Heraldo.es, el cambio afecta a los aparcamientos que  se inscribieron en el registro con una escritura colectiva y tienen un valor conjunto de más de un millón de euros. En este supuesto, la Gerencia del Catastro (dependiente del Ministerio de Hacienda) cataloga dichos inmuebles como almacén. Se calcula que en Zaragoza hay unos doscientos párquines comunitarios como estos, con miles de plazas en su conjunto, y todo ellos se han visto afectados por el cambio normativo. Este alcanza a todas las zonas del núcleo urbano, desde barrios  tradicionales como San José o La Almozara, hasta zonas más nuevas como el Ensanche o plaza Roma.

Aunque el valor catastral no ha variado, el Ayuntamiento ha tirado de la catalogación como almacenes para pasar a aplicarles un tipo impositivo diferenciado muy superior al anterior, que era el general. El coeficiente, que hasta ahora era de un 0,480, sube en 2018 hasta el 0,994, que supone un incremento en el importe final del recibo del IBI del 115%. Un garaje que tenga un valor catastral global de un millón de euros pagaba hasta ahora 4.800 euros de IBI, pero en lo sucesivo pasa a pagar 9.940.

Los recibos que ilustran esta información reflejan con claridad la repercusión de la medida sobre el bolsillo de los afectados: un aparcamiento que el año pasado tributó por 25.000 euros, este año deberá pagar por el mismo impuesto 54.000. En dicha comunidad hay 310 plazas, por lo que cada propietario debe pagar casi 180 euros de IBI al año por el pequeño espacio en el que aparca su coche.

Fernando Baena, presidente del Colegio de Administradores de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, asegura que la medida es una “auténtica barbaridad” porque afecta a la mayoría de los aparcamientos que hay en la ciudad. “Lo normal es registrarlos como un local y luego repartir las participaciones indivisas entre los titulares, para que cada cual pueda disponer o vender sus plazas libremente”.

Protestas y recursos

Además de protestas, la medida empieza a motivar recursos administrativos ante el propio Ayuntamiento y ya apunta a contenciosos judiciales ante la negativa oficial a dar marcha atrás en la modificación de la ordenanza fiscal. Incluso está causando casos de auténtico agravio que rozan el absurdo: garajes colindantes que pagan  un IBI completamente distinto y mucho más caro en uno y otro caso por el simple hecho de que en la promoción del edificio no se hizo la segregación de propiedad individualizada de cada plaza.

El administrador de fincas Miguel Ángel Conde Ruiz denunciaba recientemente en una carta  publicada en este periódico que “una medida de pretendida justicia distributiva está provocando en muchos usuarios de Zaragoza una situación injusta y un agravio comparativo”.

“Parece un contrasentido –añade Conde Ruiz- que este incremento totalmente desorbitado e injustificado se aplique a los garajes comunitarios que por una razón u otra, en la mayoría de los casos por decisión del promotor,  no tienen individualizados los distintos aparcamientos a efectos catastrales, mientras que en los casos similares de garajes en los que por número o valoración no superan ese importe conjunto, no se aplica la carga impositiva”

Según este experto, los  primeros recursos presentados se están desestimando, "lo que genera un clima de malestar e indefensión de los ciudadanos de a pie más sensibles y vulnerables; un agravio comparativo entre contribuyentes de propiedades análogas con importes que duplican a los que no han resultado afectados por esta medida totalmente injusta y, desde luego, nada acorde con los criterios de justicia distributiva que, se supone, defienden los grupos que sustentan el gobierno municipal”.

“Cualquier persona”, concluye, “incluidos los dirigentes y cargos políticos, debería reaccionar ante esta injusticia social que afecta a bastantes ciudadanos, reconsiderando esta medida en los casos de estas comunidades de propietarios afectadas”.