Si hubo problemas para encontrar un lugar donde celebrar el juicio de La Muela, con 40 acusados en el banquillo, bastantes más tendrá el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) a la hora de buscar un emplazamiento donde enjuiciar a los 119 investigados en el macroproceso de la mafia china, para los que la Fiscalía acaba de pedir penas que suman 106 años de cárcel y cuantiosas multas. El juicio, para el que todavía no hay fecha, será el mayor celebrado hasta la fecha en la Comunidad, por lo que todo apunta a que la sala de macrovistas de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza –en la que además de a los encausados habría que acomodar a sus abogados y a las acusaciones– se quedará pequeña. En ocasiones anteriores, con grandes estafas o casos como el del Yak-42, se recurrió a salones de actos e incluso a la Feria de Zaragoza. Pero habrá que esperar a conocer la decisión final, porque la vista será larga y los alquileres son caros.

El núcleo duro de la presunta organización criminal estaba integrado por cinco ciudadanos de origen chino afincados en Zaragoza, a los que la Policía Nacional detuvo en octubre de 2013 por ofrecer documentos y contratos falsos a cientos de compatriotas para tramitar el informe de arraigo social y regularizar su situación administrativa en España. El precio a pagar: entre 5.500 y 6.000 euros, a los que podían sumarse otros 600 si el interesado no hablaba castellano y necesitaba un doble para superar el trámite de la entrevista.

La gran mayoría de asiáticos que recurrían a esta red estaban afincados fuera de Aragón y se empadronaban en la capital entre 15 días y 4 meses antes para iniciar el expediente administrativo. La mafia china se encargaba de buscarles un domicilio en el que registrarse, aunque nunca llegaban a vivir en él. Según los investigadores, a cambio de unos 600 euros, los verdaderos propietarios o inquilinos de las viviendas se comprometían a decir que estos inmigrantes residían allí si es que algún funcionario o agente preguntaba.

Basándose en las pesquisas de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif) de la Policía Nacional, la Fiscalía calcula que el fraude que diseñaron los cabecillas de esta red les reportó 797.500 euros en ocho meses, lo que hablaría de un lucrativo negocio con ingresos mensuales de cien mil euros. Pero además de con Wanfang Z., Qingchun X., Jiansheng C., Xiaoren G. y Zheming L. –señalados como ideólogos del entramado–, el ‘tablero’ contaba con más piezas. Por ejemplo, las numerosas personas de las que se servían para fabricar los documentos y la larga lista de empresarios que se ofrecían a tramitar los falsos contratos a través de sus sociedades: bares, tiendas de alimentación y comercios de todo tipo, incluida una empresa de pintura y acristalamiento.

1.500 euros por contrato

El objetivo de los inmigrantes asiáticos que contrataban los servicios de esta organización criminal era obtener la tarjeta de residencia temporal, para lo que es requisito imprescindible contar con un contrato de al menos un año de duración. De ahí que la mafia china extendiera sus tentáculos hacia las empresas que algunos compatriotas habían montado en Zaragoza y su entorno. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, estas personas percibían no menos de 1.500 euros por cada persona a la que simulaban dar empleo. Porque ni los empresarios necesitaban a estos trabajadores ni ellos querían trabajar. Todo era un montaje en el que los primeros se garantizaban unos ingresos extra y con el que los segundos conseguían regularizar su situación en España.

La Fiscalía pide prisión, principalmente, por delitos continuados de falsedad, pero también por pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las penas varían en función del grado de implicación de los encausados, reservando las más elevadas, cinco años de cárcel, para los cabecillas de la trama, que salieron del centro penitenciario de Zuera tras abonar fianzas de 10.000 euros. Para empresarios e intermediarios, las condenas propuestas van de los dos a los cuatro años de cárcel, mientras que para quienes contrataban los servicios de esta red ilegal la pena que se pide es de nueve meses. Para todos se solicitan también multas.

La cifra de acusados que se sentará en el banquillo de los acusados asciende a 119, si bien la Policía llegó a investigar a 260. La mayoría de las detenciones se practicaron en Zaragoza, pero también hubo arrestos en ciudades como Barcelona, Madrid, Coslada, Palencia, Mérida, Valencia o Vitoria, ya que la red había logrado abarcar gran parte del territorio nacional.