Aunque no están catalogados como armas, los vehículos a motor causan cada año muchas más muertes que las pistolas. Sin embargo, a quien mata apretando un gatillo se le considera un criminal y a quien lo hace manejando un volante se la tacha como mucho de imprudente. Así lo ha querido el Código Penal, que con buen criterio distingue entre los actos intencionados de naturaleza homicida y los siniestros fortuitos con resultado de muerte. Lo que se preguntan las familias de muchas víctimas de tráfico es si todos los accidentes deberían ser catalogados como tales. Y lo cierto es que resulta difícil asumir que segar una o más vidas conduciendo borracho o colocado se pague como mucho con cuatro años de cárcel. Porque esa es la pena máxima para los supuestos homicidios imprudentes.

Los tribunales se han pronunciado recientemente sobre dos atropellos que causaron la muerte de tres zaragozanos y provocaron una enorme contestación social: el del joven de La Almozara Carlos Pellejero, de 20 años, en Tudela y el de los ciclistas Enrique Comín y Alberto Martínez, de 61 y 68 años, en Botorrita. Por estas tres vidas, que se llevaron por delante un conductor que se puso al volante tras meterse varias rayas de cocaína y fumarse otros tantos porros y otro que se había bebido "de tirón" el equivalente a media botella de coñac o tres litros de cerveza, los jueces han impuesto penas que suman 8 años y 3 meses de cárcel. Castigo que para las familias de las víctimas resulta "a todas luces insuficiente" y que acarrea "una frustración difícil de superar".

Ninguno de los allegados de estos tres fallecidos ha querido poner voz a sus pensamientos –alguno continúa en tratamiento médico para encajar la pérdida–, pero lo han hecho por ellos sus abogados. "No entienden nada. Hablan de injusticia, de vergüenza... Y en cuanto les informas de la pena, lo siguiente que te preguntan es si el condenado llegará a pisar la cárcel", explica el letrado Mariano Montesinos. Como profesional, le ha tocado ejercer en los dos bandos, como defensa y como acusación, y su opinión es clara: "Hace falta una reforma urgente del Código Penal. No se puede castigar igual por un muerto que por dos. A los abogados nos tienen que dar más margen de maniobra, porque ni todos los accidentes de tráfico son iguales ni se pueden sancionar de la misma forma", señala.

Cuando ni siquiera hay perdón

La actitud de los acusados tampoco es siempre la misma, y aunque los hay que asumen sus actos y piden un sincero perdón la mayoría optan por una estrategia defensiva. "Por más que sabes que ninguna buena palabra va a devolver la vida a una persona, la familia agradece el arrepentimiento. Y a mí, como abogada, me causó una gran impresión la reacción del joven que provocó el atropello mortal de Tudela. Pidió disculpas llorando y aceptó cuatro años y tres meses de cárcel sin juicio, cuando la juez posiblemente le hubiera impuesto una pena menor", recordaba esta semana la letrada Virginia Laguna. Ella representa a la familia de uno de los ciclistas fallecidos en Botorrita y le hubiera gustado que el acusado se hubiera comportado de forma similar. "La sentencia dice que invadió el arcén y no hizo ni mención de pisar el freno. Pero en ningún momento asumió su error y ni siquiera pronunció la palabra perdón. Causó dos muertes y pasará menos tiempo encerrado que el de Tudela (la condena para Leoncio Moreno ha sido de cuatro años)", dice.

Retirada del carné de por vida

En la última década, los accidentes de tráfico han dejado en España un total de 641 ciclistas fallecidos, 26 de ellos en Aragón: 15 en la provincia de Zaragoza, 6 en la de Huesca y 5 en la de Teruel. En la Comunidad, como en el resto del país, el 76% de las víctimas mortales del colectivo ciclista se registraron en vías interurbanas. De ahí que tras el doble atropello mortal de Botorrita, que se produjo el 21 de agosto de 2016 en la N-330, se convocara una marcha reivindicativa a la que acudieron 3.000 personas en bicicleta.

"¿Qué hace falta algo para acabar con estas muertes? Seguro. Pero yo no creo en los linchamientos. Lo que hace falta es más respeto y eso se consigue educando", señala el presidente del Club Ciclista Zaragozano, Fernando Graus. "Las penas de cárcel son importantes, pero lo que yo tengo claro es que a quien provoca una muerte conduciendo ebrio o drogado se le debería retirar el carné de por vida", añade. Actualmente, las condenas más graves suelen conllevar la pérdida de la licencia, pero los infractores pueden volver a sacársela después.

Para el portavoz de Stop Accidentes Aragón, Miguel Ángel Bernal, ni siquiera tendría que morir alguien para quitarle para siempre el carné. "Debería bastar conque cometiera un delito grave dos veces", asegura. Como representante de un colectivo que ampara a las víctimas de tráfico, considera también que las actuales penas de cárcel para los delitos viales "se quedan muy cortas". "Las leyes protegen a quien comete el siniestro y no a quien lo sufre", concluye.