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Tribunales

Los padres juzgados por la muerte de su bebé quieren recuperar a los hijos que les retiró la DGA

Desean que empiecen a tener visitas con la familia extensa de la madre y se oponen a que sean dados en adopción.

Bouchra S. y Rachid B., durante el juicio que se celebra en la Audiencia de Zaragoza por el presunto asesinato de su bebé.José Miguel Marco

Rachid Belarabi, de 39 años, y Bouchra Sadki, de 34, fueron juzgados el pasado mes de febrero por haber causado la muerte de una de sus hijas, de apenas un mes de vida, y de provocar lesiones a su hermano de dos meses y medio. El jurado entendió que el matrimonio no había querido causar tal daño a sus hijos, pero su forma imprudente de tratarlos, ignorando las más elementales normas de cuidado de un bebé, como zarandearlo o moverlo violentamente, provocó la muerte de una y múltiples fracturas a otro.

La Audiencia Provincial de Zaragoza condenó al padre a cinco años y cinco meses de prisión: tres por el homicidio imprudente de su hija, cinco meses por las lesiones causadas al niño, y dos años por un delito contra la integridad moral del menor por tratarlo de forma agresiva. A la madre, le impuso dos años por este último delito y cinco meses por las lesiones.

Cuando ocurrieron estos hechos, en julio de 2015, la pareja vivía en un piso en Santa Isabel. La Policía Nacional detuvo al matrimonio tres días después de que se hubiera presentado en el centro de salud del barrio con su niño y de ahí la pediatra los remitiera al Hospital Infantil al apreciar que su estado era grave. Tras hacerle varias radiografías los médicos descubrieron que presentaba quince fracturas: 7 en las extremidades provocadas por movimientos violentos y 8 en las costillas, probablemente a causa de una presión excesiva.

A raíz de estos hechos, el Grupo de Homicidios decidió investigar la muerte de otra hija del matrimonio, ocurrida el 14 de abril de 2014. En ese momento el fallecimiento se consideró accidental, ya que Rachid Belarabi dijo que se le había caído de las manos.

Desde ese momento, se abrió una causa por asesinato y lesiones y ambos fueron enviados a prisión de forma preventiva. El padre estuvo encarcelado dos años y la mujer algo menos, por lo que prácticamente ha cumplido ya su condena. Su ingreso en la cárcel supuso también la retirada de la tutela de otra hija que ahora tiene 5 años, y del niño, que está a punto de cumplir 3. La niña no presentaba ningún signo de maltrato y, al igual que su hermano, quedó a cargo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que tiempo después los entregó de forma temporal a una familia de acogida.

Ahora, la pareja ha presentado una acta en la que comunica que no presta consentimiento a la adopción de sus hijos. A través de su abogada, Marimar Martínez, ha manifestado su deseo de que los niños vivan con la familia extensa materna y así evitar que salgan de su entorno. Recuerda que es una "buena familia", que los abuelos son jóvenes y solventes para hacerse cargo de los niños y que ya han mantenido contacto con ellos ocasionalmente, ya que viven en Marruecos. Allí son terratenientes, poseen 22 hectáreas de cultivo al lado del aeropuerto de Angad, en Oujda, y se dedican a la explotación agrícola.

Con quienes se vieron durante un año en fines de semana alternos fue con uno de los cinco hermanos de Bouchra Sadki, que reside en Madrid, es profesor y está casado con otra profesora. La abogada destaca que otra hermana que vive en Nador también es maestra, un hermano es ingeniero agrónomo en Casablanca y otro tiene negocios de alimentación en Oujda. Todos ellos tienen hijos, varios de la edad de los de la pareja. La letrada explica que con ello quieren demostrar que tienen una familia bien posicionada y piensan pedir en breve la reanudación de las visitas, teniendo en cuenta que han sido absueltos de asesinato y los delitos son imprudentes.

Condenas que no acarrean la pérdida de la patria potestad

Dos días le costó al jurado popular alcanzar un veredicto sobre la responsabilidad de Rachid Belarabi y Bouchra Sadki sobre la muerte de una de sus hijas y las lesiones sufridas por otro. Su tarea no fue fácil, pues las acusaciones abarcaban desde la más grave de asesinato, por la que la Fiscalía pedía 28 años de prisión para el padre y 8 para la madre, a la de homicidio por imprudencia, que planteaba la defensa, a cargo de EladioMateo Ayala, como alternativa a la absolución. El abogado mantuvo durante la vista oral que sus clientes no habían querido hacer daño a sus hijos y que la muerte de la niña había sido accidental.

Respecto al niño, alegó que las lesiones pudieron deberse a su "frágil estado de salud" y a un "manejo imprudente" del pequeño. Finalmente, el jurado optó por valorar los hechos como un homicidio y unas lesiones por imprudencia grave. Al no ser dolosos (como el asesinato), los delitos imprudentes no acarrean la pérdida de la patria potestad. En la condena de cárcel se les impone un alejamiento de dos años respecto a su hijo, mientras la cumplen, algo que ya ha ocurrido con la madre.





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