Condenas de 2 años para seis de los trece acusados de estafar a Arcelormittal

La Audiencia absuelve a la mitad de los imputados y rebaja de 10 millones a 796.000 euros la cifra con la que tendrán que indemnizar a la empresa siderúrgica.

El juicio contra los trece acusados por la presunta estafa a Arcelor Mittal se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
El juicio contra los trece acusados por la presunta estafa a Arcelormittal se celebró en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Guillermo Mestre

La millonaria estafa denunciada por la planta de Arcelormittal de Zaragoza a atribuida a trece personas (tres empresarios, una administrativa, un transportista y ocho trabajadores de la acería) se ha quedado reducida a un fraude de 796.000 euros del que tendrán que responder los únicos seis acusados que finalmente han sido condenados.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Ángel López y López del Hierro, impone penas de dos años de prisión y multas de 1.920 euros a Salvador Cebollada César y José María García Cañete, responsables de Reciclarte S. L. y Demoliciones San Juan S. L., respectivamente, y a Francisco Javier Beltrán, Juan Carlos Amaya y José Luis Olivera, clasificadores de chatarra en Arcelormittal. Además, condena al transportista Félix Moreno a 9 meses de cárcel como cómplice de los anteriores.

En cuanto a la responsabilidad civil, el tribunal ha calculado que el perjuicio total causado durante los tres años que estuvieron enviando cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector, asciende a 796.990 euros. La cantidad está muy alejada de los casi 10 millones de euros que reclamaba la empresa siderúrgica.

El tribunal considera probado que en 2012, a raíz de un anónimo en el que se alertaba de un fraude cometido por algunos proveedores de chatarra en connivencia con los clasificadores de Arcelormittal, sumado a una merma en la producción, la empresa presentó una denuncia ante la Policía y se abrió una investigación.

Esta reveló que los responsables de las empresas Reciclarte y Demoliciones San Juan, de común acuerdo con los trabajadores mencionados, enviaban sus cargas mezcladas con estériles y los clasificadores les aplicaban un descuento inferior a la cantidad realmente mezclada con la chatarra útil. A cambio de permitir esta maniobra, los seleccionadores recibían cantidades periódicas de dinero tanto de Salvador Cebollada como José María García. El primero entregaba el soborno personalmente mientras que el segundo lo hacía a través de sobres que llevaba Félix Moreno, encargado de los camiones de la empresa Transportes Moreno Granel S. L.

Pagos periódicos de 2.000 a 6.000 euros

Los clasificadores, a su vez, pagaban periódicamente a los gruístas que fueron juzgados, pero el tribunal valora que eran propinas o pequeñas gratificaciones y que estos empleados no tenían conocimiento de las maniobras fraudulentas de los anteriores, los cuales recibían entre 2.000 y 6.000 euros.

Para calcular la cantidad que los condenados deben abonar a la empresa, el tribunal afirma que se basa por convencimiento en la pericial elaborada por KPMG a petición de la acusación. Sin embargo, entiende que la cantidad de casi 10 millones esa todas luces excesiva y supondría un enriquecimiento injusto. Sobre todo, dice, porque las medidas de autoprotección que debería haber puesto en marcha la empresa tras recibir el anónimo no alcanzaron, a su juicio, la eficacia exigible.

Así, tras detraer a esa cifra sucesivas cantidades por distintos conceptos (descuentos y penalizaciones ya aplicadas o correcciones a la merma del horno), la sala llega a la cuantía de 6.154.750 euros. Pero además, la sala recuerda que entre 2012 y 2015 la planta de arcelor tenía 124 proveedores y solo tres (dos condenados) fueron acusados: Es de muy difícil comprensión para este tribunal, si no imposible, que únicamente tres del largo centenar sean los responsables del perjuicio, cuando en los vídeos se observa que de manera indiscriminada todos los camiones descargaban en la misma campa. Por eso, decide imputarles solo el 22% de los 6,1 millones y, de ahí, las tres quintas partes. Y, como una empresa ha sido absuelta, deja la cifra en 812.427 euros, de la que responderán solidariamente los acusados.

Los encausados se enfrentaban a penas de entre nueve meses y seis años de prisión ya que a la estafa se sumaba la imputación de pertenencia a grupo criminal. La Audiencia descarta que cometieran este último delito y dice que lo que existió fue un concierto de voluntades "puntual" para cometer este fraude pero no consta que existiera una "prolongación temporal" del grupo para perpetrar más delitos.

Los acusados David V., Alberto P., Julián H. V., Germán G. M. (palistas y gruistas) y José Miguel P. R., encargado de los anteriores, el empresario José C. D., y Carmen M. C., administrativa de Demoliciones San Juan, han sido absueltos al entender el tribunal que no se ha probado por ningún medio, "ni directo ni indirecto", su participación en los hechos. Sus respectivos abogados, José Luis Melguizo, María Pilar Auría, María Guíu, Patricia Oliveros, Francisco Ferrer o Cristina Ruiz Galbe, habían pedido su absolución.

El resto, asistidos por los abogados Enrique Trebolle, Javier Notivoli, Carmen Cifuentes, Juan Monclús, se enfrentaban a penas de hasta seis años y han sido condenados a dos, pero no entrarán en prisión si pagan antes la responsabilidad civil. En el caso de Félix Moreno, asistido por Concepción Cinca, ha sido condenado a una pena de nueve meses.

Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión