El golpe dado por ZEC en las empresas públicas del Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 9 de febrero, cuando expulsó a parte de la oposición para hacerse con la mayoría de los consejos de administración, empieza a atascar la gestión. El plante con el que respondieron PP, PSOE, C’s y CHA en los patronatos ha supuesto que estos no se puedan reunir por falta de cuórum y queden en el aire un importante número de acuerdos en materia de educación, turismo y empleo. Gobierno y oposición se acusan mutuamente de la crisis.

El conflicto fue motivo de bronca ayer entre gobierno y oposición en la comisión de Economía, dado que son muchos los expedientes bloqueados. Por ejemplo, el nuevo contrato de los centros sociolaborales para los próximos tres años (11,5 millones), del que dependen 80 empleos y que atiende a 500 jóvenes.

Tampoco salen adelante el contrato de las auxiliares de las 12 escuelas infantiles (344.000 euros), la limpieza en las bibliotecas y la Universidad Popular (44.000 euros), el servicio de visitas guiadas (33.000 euros), los convenios con Horeca, con la asociación de Cafés y Bares, el plan de actuación de Turismo o las campañas de promoción. Sí que se han desatascado mediante la firma de la concejal Arantza Gracia pagos pendientes a los centros sociolaborales (300.000 euros) o la oferta de plazas para el próximo curso en las escuelas infantiles.

La edil del PP María Navarro cargó duramente contra el concejal de Economía, Fernando Rivarés, por mantener «bloqueada» la gestión de los patronatos pese a disponer de mecanismos para sacar adelante los expedientes. «Con la ley de grandes ciudades, todas las decisiones de los patronatos las pueden traer al pleno. Y usted lo sabe. No eche las culpas a los demás. Desbloquee los patronatos, ya vale de mentir y de demagogia», afirmó la concejal, que recordó que desde hace ya tres años viene exigiendo al gobierno que adecue los estatutos de los patronatos a la citada normativa.

Rivarés replicó que «es mentira que se pueda llevar al pleno». Afirmó que en el patronato de Turismo él mismo consultó al secretario si se podían derivar los expedientes al pleno y obtuvo una respuesta negativa. En cualquier caso, añadió, ha solicitado un informe jurídico para ver qué asuntos se pueden someter a la decisión de toda la corporación.

De fondo, la crisis de las empresas públicas. «Si les queda algo de democracia, nos gustaría saber si va a hacer algo para que volvamos a las sociedades», dijo Navarro. «No falta normalidad democrática, sino que se aplica una ley (en referencia a la de capitalidad). Donde no hay normalidad democrática es en los patronatos a los que no asisten», respondió Rivarés.

El socialista Javier Trívez exigió al gobierno que devuelva la representatividad de los grupos en las sociedades para resolver la situación. «Si cumplen los acuerdos, el bloqueo se acaba mañana», dijo Trívez, que instó a llevar los asuntos al pleno. Sara Fernández, de C’s, apuntó además la vía de urgencia para desatascar determinados acuerdos. «En lugar de mandarnos a los proveedores, que venga el alcalde y se siente a negociar con los grupos», afirmó. Carmelo Asensio, de CHA, dijo que el culpable es el gobierno «y su 9-F». «El pleno puede tomar las decisiones. Solo hace falta voluntad política», concluyó.