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Toros

Los empresarios taurinos y la DPZ declaran en el juzgado por el concurso de La Misericordia

El magistrado Luis Carlos Martín tomó declaración a los representantes legales de Anoet, de la propietaria del coso y de varios licitadores.

Actualizada 14/03/2018 a las 18:39
José Vicente Morote, Luis Carlos Martín y Martínez Pallarés, durante la declaración.Guillermo Mestre

Una semana después de que el proceso de adjudicación de la plaza de toros de La Misericordia quedase paralizado a raíz de un recurso presentado por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet), el magistrado Luis Carlos Martín, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza, tomó este miércoles declaración a la patronal de empresarios taurinos y a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), acusada de haber elaborado un pliego que puede ser “constitutivo de infracción penal”.

Tras haber adoptado esa medida cautelar de “especial urgencia”, Martín citó a ambas partes e instó a la DPZ a que convocase a los licitadores, pero al acto solo comparecieron los abogados de las entidades implicadas (José Vicente Morote por parte de Anoet y Pedro Luis Martínez Pallarés como letrado jefe de la DPZ) y los de la UTE Tauroejea 2009 y Circuitos Taurinos SL. Es decir, faltó representación de la candidatura de Ignacio Zorita y Fernando Polo, cabezas visibles de las otras tres empresas (Medicamp Marketing SL, Kranebitten 1976 SL y Castejón Abogados) que presentaron oferta por la Misericordia.

Precisamente, el hecho de que “una misma empresa pueda acreditar su solvencia a varios licitadores” motivó la denuncia de Anoet, y así lo manifestó este miércoles su abogado, José Vicente Morote. “Se vulnera la Ley de Contratos del Sector Público porque ni se sabe ni se sabrá con qué respaldo concurren los distintos licitadores. Pueden presentar varias ofertas y después especular, quedándose con la más baja”, valoró Morote, ensalzando que esta situación “podría producir daños irreparables a la DPZ, al sector de la tauromaquia y a los aficionados”.

En ese sentido, el abogado de Anoet remarcó que los intereses que defiende la patronal de empresarios taurinos son generales y no particulares. “Tenemos el apoyo de todo el sector de la tauromaquia”, sentenció, antes de presentar la documentación que “acredita” que la Fundación del Toro de Lidia, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles, la Unión de Toreros y la Asociación de Jóvenes Empresarios Taurinos apoyan el recurso.

Por último, Morote lamentó que Medicamp Marketing SL, Kranebitten 1976 SL y Castejón Abogados no guarden relación -según recoge el Registro Mercantil- con el sector taurino y aseguró que estos “chanchullos” podrían conducir “al cierre de la plaza”. Afirmación que fue rebatida por el letrado jefe de la DPZ, quien le recordó que su recurso versa “exclusivamente sobre el pliego” y que ahora no procede hablar de los licitadores y sus circunstancias.

Ustedes están diciendo que el pliego permite que un mismo licitador pueda presentar varias ofertas y no es así. Tiene que quedar claro que se han presentado cuatro licitadores diferentes. A partir de ahí, cada uno puede valerse de entidades externas, independientemente del origen o del objeto social que tengan”, indicó Martínez Pallarés, y recordó que Anoet es presidida por Simón Casas, antiguo empresario de La Misericordia. “No defendéis el interés público, sino el privado. Por eso se ha forzado esta situación de bloqueo, que busca que se le conceda la prórroga del contrato a este señor y que se beneficie económicamente”, le reprochó, antes de señalar que se están haciendo “hipótesis no contrastadas” sobre la vulneración de la ley.

La Mesa de Contratación todavía no ha abierto el sobre de las ofertas económicas por la plaza. Por tanto, no se puede saber de dónde procede la solvencia de los licitadores. Solicito el levantamiento de la medida cautelar y, por tanto, de la suspensión del proceso de adjudicación”, concluyó Martínez Pallarés, coincidiendo con la declaración de Alberto Juan Rodrigo y Francisco Javier Sanz, abogados de Tauroejea 2009 y Circuitos Taurinos SL. Como invitados a la comparecencia, ambos se limitaron a defender que estas entidades concurren al pliego como una unión temporal de empresas. “A partir de aquí, se desmonta cualquier teoría extraña”, subrayaron, refiriéndose a la denuncia que en su día presentó Carlos Zúñiga padre -alineado en la candidatura de Zorita y Polo- contra su hijo, administrador de Circuitos Taurinos SL.

Al término de la sesión, el magistrado Luis Carlos Martín aseguró que estudiará las declaraciones con “celeridad”. Y es que, teniendo en cuenta que se trata de una medida cautelarísima adoptada con "especial urgencia", la situación debería resolverse en un plazo máximo de 10 días.

 

 

 

 





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