La Policía dice que las 'propinas' de Arcelor se gastaron en letras de hipoteca y en cirugía estética

La unidad de Blanqueo atribuye a los tres principales acusados ingresos sin justificar de 113.500 euros en ocho años.

Los acusados por la presunta estafa a Arcelor Mittal en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Los acusados por la presunta estafa a Arcelor Mittal este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Guillermo Mestre

El juicio que investiga la presunta estafa que de seis trabajadores de la planta de Arcelor Mittal de La Cartuja, varios transportistas y algunos empresarios de la chatarra continuó este martes en la Audiencia de Zaragoza con las declaraciones de varios directivos de la empresa y los investigadores de la Policía Nacional.

La más prolija en detalles fue Rebeca Ormaz, directora de Recursos Humanos, quien testificó ante el tribunal que en 2013 recibieron varios anónimos que les advertían del fraude que estaba llevando a cabo Francisco Javier B., uno de los empleados en el área de clasificación de chatarra, en connivencia con otros compañeros, chatarreros y transportistas. Tras la recepción de estos documentos, los responsables de Arcelor decidieron examinar el comportamiento de los trabajadores e incluso llegaron a encargar seguimientos a un gabinete de detectives privados.

Estos informes no constataron indicios de prácticas ilícitas, según la jefa de personal, por lo que los responsables de la empresa desecharon la existencia de una trama fraudulenta en la planta zaragozana. Al menos, hasta que en septiembre de 2015 el empleado sobre el que los anónimos sembraban la sospecha sufrió un robo con violencia en su vivienda de la capital aragonesa. Las circunstancias que rodearon este asalto (dos encapuchados interceptaron al clasificador de chatarra en el garaje de su casa cuando se dirigía a trabajar, un caso que se juzgó el mes pasado y que se saldó con una condena de casi 10 años para los asaltantes y de tres y medio para el instigador, que también trabajaba como clasificador y está acusado de estafar a Arcelor) hace saltar de nuevo las alarmas del presunto fraude.

"No es normal que sucedan este tipo de casos en Zaragoza, por eso rápidamente lo relacionamos con los anónimos de 2013 y lo pusimos en conocimiento de la Policía", dijo este martes la responsable de Recursos Humanos, que fue la persona que presentó la denuncia en comisaría. Este extremo de preocupación lo confirmó Jordi Torné, el director gerente de la planta, quien señaló durante su declaración que entre 2012 y 2015, los años en los que funcionó la supuesta trama, la planta siderúrgica registró una caída "brusca" del rendimiento y lo relacionó "sin ningún género de dudas" con las prácticas que está juzgando la Audiencia Provincial de Zaragoza. Las cifras de producción, añadió, se recuperaron, e incluso mejoraron, cuando los trabajadores que hoy están en el banquillo abandonaron la empresa.

Este martes también compareció en el juicio el ingeniero responsable del parque de chatarra, Víctor de Benito, que no dio credibilidad a las declaraciones que el lunes hicieron los acusados, que reconocieron que aceptaron propinas por colar a los transportistas en la fila para descargar chatarra y negaron la trama de fraude, que asciende a 10 millones de euros, según la Fiscalía y la acusación particular ejercida por Arcelor Mittal, que desde 2016 pertenece al grupo gallego Megasa y se llama Megasider Zaragoza. "La práctica de colar no podía ser habitual porque muy pocos días había fila", dijo de Benito.

Ingresos millonarios sin justificar

El juicio continuó por la tarde con las declaraciones de las policías que participaron en la investigación. El inspector que dirigió la misma aseguró que en comisaría también recibieron un anónimo alertando de la presunta trama pero, como sucedió en la empresa, el robo con violencia al clasificador fue el detonante de las actuaciones.

Parte de las diligencias se centraron en examinar las cuentas bancarias y los bienes de los tres clasificadores de chatarra, los principales señalados de la trama. El jefe del grupo de Blanqueo detalló que constataron ingresos sin justificar de 60.000 euros en las cuentas del acusado Francisco Javier B. entre 2007 y 2015. Según los investigadores, este hombre destinó 37.000 euros a pagar la hipoteca de su casa y en el referido periodo advirtieron "un descenso radical" de los reintegros en su cuenta y nula actividad con sus tarjetas de crédito. "Eso indicaba que tenía efectivo para ir gastando", zanjó el policía. Este agente cifró los ingresos injustificados del clasificador Juan Carlos A. en 18.000 euros y en 31.000 los de José Luis O. Además, a este acusado le atribuyen un pago en efectivo de 4.500 euros en una clínica de estética de Madrid.

El juicio continúa hoy con las declaraciones de más testigos.

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