La técnica acusada de inocular tuberculosis en muestras se enfrenta a 19 años de cárcel

La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgará el próximo martes a Pilar V. V., la técnica de laboratorio de la sección de Micobacterias del Hospital Miguel Servet que fue detenida en junio de 2016 por la presunta manipulación de muestras de sangre de pacientes del centro sanitario.

Según la Fiscalía, la mujer inoculó intencionadamente el bacilo de la tuberculosis en varios viales y muestras clínicas. La alteración originó que se detectaran falsos positivos de la mencionada enfermedad y que se llegara a someter a tratamiento a un paciente y, de forma preventiva, a cuatro de sus familiares –entre ellas dos niñas pequeñas–, como marca el protocolo para combatir esta patología contagiosa. La quimioprofilaxis duró poco tiempo y los médicos avanzaron entonces que probablemente esas cinco personas no iban a tener ningún problema en el futuro por haber estado tomando esos medicamentos sin necesitarlos.

Por esta razón, la Fiscalía acusa a la sospechosa de lesiones, daños y riesgo contra la seguridad colectiva y solicita para ella penas que suman 19 años de prisión. También se le acusa de sustraer tarjetas de crédito a sus compañeros y hacer compras con ellas. En la causa también está personado el Gobierno de Aragón, que pide una condena algo inferior.

La investigación de este caso comenzó en marzo de 2016 tras detectarse en el laboratorio de micobacterias un número anormalmente alto de positivos en tuberculosis. Los responsables del mismo y del hospital Miguel Servet decidieron hacer una vigilancia especial de todos los viales para dilucidar si se había producido una contaminación fortuita o deliberada.

La primera semana de abril se repitió el alto número de positivos, pero entonces ya estaban en alerta y siguieron la trazabilidad de las muestras e hicieron un tipaje genético de las mismas. La revisión de todos los casos desde el 1 de enero reveló que en total, fueron 15 los falsos positivos aunque solo se trató preventivamente al mencionado paciente y su familia.

La conclusión a la que llegaron es que todo había sido producto de una manipulación intencionada. El descubrimiento llevó al Servet a comunicar lo ocurrido a la gerencia del Salud y a la Fiscalía provincial y esta, a su vez, a la Policía Nacional.

A raíz de este suceso, el Hospital Miguel Servet reforzó las medidas de seguridad y acceso al laboratorio y zonas comunes. Entre otras cosas, se exigió que todas las personas que accedieran a su interior lo hicieran usando la tarjeta y que quien no dispusiera de ella fuera identificado al llamar a la puerta.

María Pilar V. V. trabajaba como técnico especialista de laboratorio y era fija en plantilla, con varios años de antigüedad. Al parecer, su relación con su supervisora no era buena y había tenido problemas de índole laboral. De hecho, ella atribuye la acusación a estos conflictos.

La juez instructora del caso, Beatriz Muñoz, envió a prisión a la empleada mientras se analizaban varias probetas halladas en su casa, en la creencia de que alguna escondiera la cepa de la tuberculosis, que permanece extraviada desde que se hiciera público este caso. La cepa tiene una elevada carga de gérmenes, ya que es la que entrega la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los centros hospitalarios para que trabajen con este tipo de cepas. Después de tres meses y medio en prisión y dar negativo los análisis de los viales encontrados en su domicilio, la puso en libertad bajo fianza de 3.000 euros y con la prohibición de acercarse al Miguel Servet. La abogada defensora de Pilar V. V., Olga Oseira, pide su absolución ya que mantiene que su cliente no cometió delito alguno y que no existe ningún tipo de prueba contra ella, salvo las declaraciones de sus compañeros.