El Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza ha condenado a Juan Carlos Amaya Parrón a tres años y medio de cárcel por contactar con dos sicarios afincados en Toledo para que se desplazaran a la capital aragonesa a dar un "escarmiento" a Francisco Javier B. El principal acusado y la víctima trabajaban en la planta de Arcelor en la Cartuja Baja y ambos están encartados –junto a otras doce personas– por una supuesta estafa de más de diez millones de euros a la metalúrgica. De hecho, todo apunta a que el primero estaba molesto con su compañero por el reparto de los presuntos beneficios de este engaño y contrató a los hermanos Juan Francisco y José Manuel Parral Gallego –penados con 4 años y 7 meses y 5 años de prisión, respectivamente– para recuperar parte del botín.

La Policía calcula que el 17 de abril de 2015 los sicarios podrían haberse llevado del chalé de la víctima hasta 100.000 euros. Sin embargo, el denunciante contó a los investigadores que la cantidad sustraída no superaba los 3.000. Pero a la magistrada no se le escapa que la víctima está preocupada por la cuantificación del botín, puesto que «la cuantía del dinero que ocultaba en su domicilio tiene una indudable trascendencia» en las diligencias penales abiertas contra él a raíz de la denominada operación Lingotes.

Gracias a las conversaciones telefónicas que los sicarios mantuvieron con su madre y que fueron grabadas por la Policía, la juez supo que uno de los hermanos obtuvo 26.000 euros en efectivo del asalto a mano armada perpetrado en Zaragoza. Deduce que el otro tuvo que quedarse con una cantidad similar y llega a la conclusión de que el botín tuvo que ser de unos 52.000 euros "al menos".

Una pistola y un cuchillo

Según la sentencia, Juan Francisco y José Manuel Parral Gallego forzaron el acceso al garaje de la víctima y, una vez dentro, aguardaron a que este llegase a recoger su coche para ir al trabajo. Sobre las 5.15, los sicarios vieron acercarse a Javier B., por lo que se dirigieron hacia él armados con una pistola –no consta si era real o simulada– y un cuchillo. Los hermanos querían que les permitiera acceder a su domicilio y les indicara dónde guardaba el dinero, por lo que empezaron a darle puñetazos y golpes con la culata del arma.Finalmente, el hombre cayó al suelo sangrando y lograron cogerle las llaves de la vivienda.

"A continuación, le ataron las manos con bridas y subieron con él al domicilio, poniéndole la pistola en la sien y el cuchillo en el costado", recuerda la jueza. "Una vez dentro –añade–, le dijeron a la mujer de Javier B. que no se moviera, le dieron un golpe en la cara y golpearon nuevamente a su marido mientras le decían ‘esto te pasa por robar’, hasta que este les confesó donde tenía guardado el dinero.

El ideólogo del ajuste de cuentas y los sicarios negaron su participación en estos hechos, pero tal y como mantenían la Fiscalía y la acusación particular, a cargo del letrado Javier Notivoli, la magistrada entiende que no hay dudas sobre la autoría. Y a ello han contribuido no solos las escuchas telefónicas, sino también el geoposicionamiento de los teléfonos de los acusados y la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).De hecho, esta pudo rastrear el paso del coche de los sicarios por la A-2, tanto en su desplazamiento a Zaragoza como en el viaje de vuelta.