ZEC dispara el número de contratos menores y provoca un aluvión de críticas d e la oposición

El gobierno da cuenta en el pleno de 147 servicios y obras por valor de 2,8 millones que se encargaron por esta vía.

La vicealcaldesa, Luisa Broto, el alcalde, Pedro Santisteve, y Elena Giner, este martes en el pleno.
La vicealcaldesa, Luisa Broto, el alcalde, Pedro Santisteve, y Elena Giner, este martes en el pleno.
Guillermo Mestre

Los contratos menores parecen no tocar techo con ZEC en el Ayuntamiento de Zaragoza. El último episodio de la escalada se constató este martes en el pleno, en el que se dieron cuenta de 147 servicios y obras encargados mediante este sistema en el último trimestre de 2017, por un importe de 2,8 millones. Este hecho suscitó un aluvión de críticas por parte del resto de grupos, que hablaron de "abuso" de una fórmula muy cuestionada por no contar con los mecanismos de concurrencia o transparencia de la contratación convencional.

Un contrato menor es aquel que, por su cuantía (hasta 50.000 euros en caso de obras y 18.000 para servicios y suministros), permite evitar el sistema del concurso público para su adjudicación. El pasado ejercicio, según la oposición, se rubricaron 247 contratos menores, de los que 147 corresponden al cuarto trimestre. En total, se desembolsaron 4,8 millones de euros en todo el año, frente a los 3,3 de 2016, 2,2 de 2015 y 1,7 de 2014. Y esto sin contar la contratación menor de las sociedades y patronatos municipales.

La concejal de Participación, Elena Giner, recordó que los contratos menores "cuentan con el visto bueno" del interventor y subrayó casos en los que ha habido "más de 40 ofertas". Opinó que el aumento de este tipo de contratación está vinculado al "urbanismo de las pequeñas cosas" que propugna ZEC.

Para la oposición, esta situación supone "abusar" de un sistema pensado para agilizar la gestión en gastos de pequeña cuantía, no para convertirse en la rutina del servicio de contratación. "A ustedes les encantan los contratos menores, que son la fuente de amigos y amiguetes", afirmó la edil popular Patricia Cavero, que habló incluso de pliegos "a la medida".

La concejal alertó además del fraccionamiento de contratos, una práctica ilegal. De hecho, señaló el caso de 13 contratos menores "casi iguales" de los presupuestos participativos que suman 180.000 euros. "De los 191 contratos menores de 2015 se pasa a 250 en 2017", afirmó la edil.

Para Roberto Fernández, del PSOE, los datos confirman "la falta de capacidad de ZEC para ejecutar proyectos de gran calado". A su juicio, la contratación menor "es marca de la casa". "Han otorgado 5 millones solo en contratos menores de obra cuando en 2014 fueron 600.000 euros", declaró. A su juicio, esto no es "el eslogan cursi del urbanismo de las pequeñas cosas", sino la constatación de que ZEC "carece de modelo de ciudad". "Cuánto podríamos estar haciendo más si no tuviésemos que estar pagando las fotos del alcalde inaugurando toboganes", criticó.

Sara Fernández, de Ciudadanos, fue dura. "Los presupuestos participativos pueden ser responsables de algunos contratos, pero no son suficientes para explicar un número tan elevado", lamentó. Y recordó: "Hay 12 contratos con un mismo proveedor de parques infantiles. Se renuncia a la mejor opción en aras de la comodidad o de los intereses de ZEC".

7.000 euros por la ley de aguas

El debate de los contratos menores derivó a uno de ellos, referido a un estudio encargado por el Ayuntamiento de Zaragoza a la Universidad con el objeto de analizar una posible modificación de la ley de aguas, normativa que está fuera del ámbito competencial municipal. Los grupos de la oposición criticaron al gobierno por este contrato y le exigieron que les entregue el documento, que tiene un coste de 7.000 euros.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, apoyó la necesidad de este contrato, que vinculó a la reivindicación de ZEC de derogar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y para "defender a los ciudadanos". Pero aprovechó para hacer una encendida defensa de los contratos menores, que relacionó con el apoyo a las pymes o incluso con una mayor ejecución presupuestaria. "Es una figura legal y legítima", dijo. El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, le recordó no solo el récord en contratación menor en 2017, sino también en baja ejecución presupuestaria.

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