El Tribunal de Contratos obliga a suspender el plazo de ofertas para el servicio de parques

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) acaba de obligar al Ayuntamiento de Zaragoza a paralizar de forma provisional el proceso de selección de la nueva empresa responsable del servicio de parques y jardines de la margen derecha, a la espera de que resuelva el recurso presentado por la patronal del sector contra los pliegos del concurso. El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, firmó este miércoles un decreto por el que suspende el plazo de presentación de ofertas, que acababa el próximo lunes.

Este tipo de suspensiones son el trámite habitual cuando hay un recurso especial ante el Tacpa. Según Cubero, no hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto, decisión que podría llegar la próxima semana. Como el recurso afecta a diversas cláusulas que podían afectar a las puntuaciones de las ofertas, el responsable municipal explicó que se adopta la decisión de suspender el procedimiento "para evitar males mayores". "Es un trámite lógico y normal", dijo.

La suspensión del plazo de ofertas también se justifica porque, según el decreto municipal, "se han formulado una serie de solicitudes de aclaraciones sobre diversos puntos de los pliegos cuya contestación se considera necesaria". "Se ha tomado la decisión porque el Tacpa no iba a contestar al recurso antes del día 5", declaró Cubero. El edil explicó además que los trabajadores se han personado en el proceso que se sigue ante el Tacpa, hecho que ha obligado al organismo a ampliar sus plazos cinco días más.

El recurso de la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja) estaba vinculado a 22 cláusulas de los pliegos entre las que figuran algunas de las denominadas sociales, dirigidas a salvaguardar las condiciones laborales de los trabajadores. La patronal recurre desde que no se divida en lotes el contrato hasta las formas de valorar el precio, vehículos, materiales auxiliares...

La suspensión de la licitación se produce en una fase de tensión con la actual contratista, FCC, que presta el servicio pese a no haber contrato desde diciembre. El Consistorio está a la espera de conocer cuáles son los costes de la primera certificación, correspondiente a enero, dado que al no haber contrato la empresa puede repercutir los costes reales del servicio. Cubero advirtió de que en caso de desacuerdo solo se abonará la parte sobre la que el Ayuntamiento esté conforme, mientras que el pago del resto se dirimirá en los tribunales.