El juez suspende cautelarmente el pago por parte del club de las obras de 2016 en La Romareda

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital aragonesa, en un auto del pasado jueves, acaba de estimar parcialmente la petición de suspensión cautelar del pago de unas obras de urgencia ejecutadas en 2016 en el estadio municipal de La Romareda y que el Ayuntamiento quiere que abone el_Real Zaragoza. En total, el coste de los trabajos ascendió a 170.317 euros.

Los trabajos se ejecutaron entre julio y octubre de 2016 y se contrataron mediante un procedimiento de urgencia. Con carácter previo, se había emitido un informe en el que se revelaban daños tanto en la cubierta como en la estructura de hormigón y en las torres de iluminación. Se actuó en el graderío de la tribuna preferente, donde había filtraciones y corrosión, se repararon distintos elementos de hormigón y se trabajó en fachadas, muros y dinteles de vomitorios.

El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, consideró que los trabajos estaban vinculados a "la falta de mantenimiento" de las instalaciones, que a su juicio era responsabilidad del club. Por eso, en febrero de 2017, ZEC le giró la factura. El Real Zaragoza dispone del estadio gracias a una cesión a precario por parte del Ayuntamiento, que es el propietario.

El juez indica en su auto que el Real Zaragoza está sometido "a restricciones presupuestarias" tanto por la Liga de Fútbol Profesional como por la Agencia Tributaria, por lo que "cualquier imposición extra evidentemente le puede causar muy graves perjuicios". Por otro lado, recuerda que la legislación "tiende a favorecer la suspensión tributaria", por entender que "no perjudica o lesiona el interés público", consideración que puede extenderse en materia sancionadora.

Indica que el fondo de la cuestión será establecer qué trabajos son estructurales, y por tanto corresponden al Ayuntamiento, y cuáles son de mantenimiento habitual y debería sufragar el club. El Real Zaragoza, en su recurso, presenta un informe que cifra en 15.858,74 euros las obras vinculadas al mantenimiento, cifra que el juez eleva a 17.031,7 euros, si se tienen en cuenta los gastos de redacción del proyecto, permisos, seguridad y salud y gestión de residuos que le corresponderían.

Por eso, el juez considera que esos 17.031,7 euros es una deuda "poco discutible y más o menos reconocida" por el propio club, por lo que considera que debe abonarla. Eso sí, respecto a la parte principal de la factura (los 153.285,77 euros restantes) el juez considera que "puede ser objeto de discusión razonable".

Por eso, según figura en el auto, se suspende el pago de los 153.285,77 euros, aunque dispone que se preste aval por la citada cantidad en el plazo de 15 días. Los 17.031,7 euros que faltan el club los tendrá que pagar.