Santisteve obliga a retomar la negociación de un acuerdo con la contrata de parques

A dos semanas de que acabe el año y expire la contrata de parques y jardines, el gobierno de ZEC y la actual concesionaria, FCC, han vuelto a hablar. El objetivo es cerrar un acuerdo que fije las condiciones económicas por las que se va a prestar el servicio durante los meses que tarde el Ayuntamiento de Zaragoza en adjudicarlo a una nueva empresa, además de evitar una fase conflictiva con recortes salariales o de calidad.

Tras la ruptura de las negociaciones de la prórroga del servicio y ante la tormentosa relación de su concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, con la contrata, el alcalde, Pedro Santisteve, envió este lunes a la reunión con los representantes de la empresa a su número dos, Iván Andrés. No obstante, desde el gobierno municipal se justificó la presencia de Andrés por sus conocimientos en materia económica y de contratación.

La concesionaria insiste en que tiene derecho a percibir el "coste real" del servicio, exigencia que podría afectar a la plantilla (los trabajadores temen una bajada salarial de un 20%). A partir del 1 de enero se pagará con el sistema de reconocimiento de obligación al no existir vinculación contractual entre el Ayuntamiento y la empresa (el mantenimiento de los parques no puede cesar por tratarse de un servicio esencial). El sistema de pago se mantendrá hasta la nueva adjudicación del contrato, previsiblemente a mediados del próximo año.

Pese a que Cubero acusó el pasado 28 de noviembre a FCC de "chantaje" y garantizó que "la empresa tendrá que hacer lo mismo y cobrar lo mismo", fuentes de ZEC asumieron ahora que hay que llegar a un acuerdo económico. "Ellos quieren cobrar lo máximo", añadieron. Dejaron claro que por el momento no hay pacto con la compañía.

Según el gobierno local, lo que quiere el Ayuntamiento es evitar que este asunto acabe en los tribunales en el caso de discrepancias en los pagos. "Ahora hay que determinar qué es el coste real del servicio. Lo que no puede ser es que la empresa gire una factura en enero, que el Ayuntamiento la rechace y acabemos en los tribunales. El objetivo es hablarlo antes", afirmaron desde ZEC. En el encuentro de ayer no se habló de números, pero el gobierno municipal explicó que la empresa avanzó que no tiene "voluntad de rebajar las condiciones laborales".

Fuentes de FCC se limitaron a decir que se habló "de lo que va a pasar a partir del 1 de enero y sobre la continuidad provisional del servicio hasta que haya un nuevo adjudicatario". "Uno de los principales puntos de las conversaciones que se están manteniendo es la voluntad de la empresa de preservar las condiciones laborales de los trabajadores durante la continuidad provisional del servicio hasta la nueva adjudicación", indicaron fuentes de la empresa.

Desde el gobierno municipal rechazaron que a estas alturas se pueda llegar a un acuerdo de prórroga de la contrata, situación que permitiría mantener las condiciones actuales de prestación del servicio. En su día, Cubero vinculó la prórroga a un plan especial de poda de 1,4 millones de euros, pero ambas partes no llegaron a un acuerdo. No obstante, y aunque aseguraron que es difícil, no se descartó poner en marcha un plan de poda en el marco de un acuerdo con FCC.