Urbanismo acuerda legalizar cinco de las fincas de bodas expedientadas y cerrar dos

Cinco de las doce fincas de bodas expedientadas en Zaragoza por irregularidades podrán continuar con su actividad, mientras que dos deberán cerrar definitivamente. Esa es la propuesta de Urbanismo que será aprobada por todos lo grupos políticos en el consejo de Gerencia del próximo miércoles. Para las cinco restantes todavía no se ha resuelto su futuro, por lo que tocará seguir buscando una solución.

El acuerdo contempla una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tiene por objetivo evitar el mayor número de cierres posible, después de que una batida de inspecciones por parte de Urbanismo y de la Unidad de Barrios de la Policía Local detectara graves irregularidades en la mayoría de los negocios de este tipo de la capital aragonesa.

Para evitar las afecciones de un cierre inmediato a los clientes, principalmente parejas que iban a celebrar su enlace matrimonial, el Consistorio aplicó una moratoria hasta encontrar una solución.

Los técnicos de Urbanismo han elaborado una propuesta –a petición de la Asociación Pro Rusticae, que representa a los negocios afectados–, en la que se apuesta por regularizar aquellos espacios que cuenten con construcciones con algún valor patrimonial o que hayan sido construidas antes de 1959, según explicaron fuentes municipales a este periódico. Además, «se permiten las ampliaciones, siempre y cuando no agoten la edificabilidad» de la finca, comentaron desde el Consistorio. Si es así, «tendrán que derribar», y en todo caso deberán legalizar las obras ya realizadas.

Con estas premisas, entre otros múltiples condicionantes que recoge el documento redactado por Urbanismo, cinco negocios tendrán vía libre para seguir con su actividad. Son Las Flores, Mirahuerta, Torre del Pino, La Quinta y La Almenara de Copau. Por contra, La Esencia y el Cortijo de Santa María no tendrían posibilidad de regularizar su situación, por lo que se haría efectivo el expediente de cierre.

Canon por edificabilidad

Por otro lado, Urbanismo propone el cobro de un canon «a los promotores de ciertas actuaciones lucrativas en el suelo no urbanizable» para compensar el aprovechamiento irregular que han hecho hasta ahora en las fincas. En este caso se cifra en un 5% del «importe total de la inversión en obras, construcciones e instalaciones a realizar, devengada cuando se otorgue la licencia», señala el informe, donde se recuerda que todas estas modificaciones no solo afectarán a estos negocios, sino a cualquier parcela del término municipal.