El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ha suspendido definitivamente este miércoles el proyecto de ampliación del servicio Bizi de Zaragoza, con el que el gobierno de ZEC pretendía instalar, en los próximos tres años, 120 nuevas terminales nuevas y 1.200 bicicletas más por varios barrios de la ciudad. De este modo, el organismo autonómico, cuyas resoluciones son vinculantes, ratifica la suspensión provisional que acordó el pasado 9 de noviembre tras la presentación de un recurso del grupo del Partido Popular. Ahora, el equipo de Gobierno de ZEC tiene un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

El Tribunal de Cuentas declara en su pronunciamiento la “nulidad de pleno derecho” de la modificación del contrato de instalación, gestión y mantenimiento del servicio Bizi de la capital aragonesa al entender que supone una “adjudicación directa ilegal” y por conceder “de forma directa una ventaja a la empresa contratista”.

Por ello, asegura que el contrato “indebidamente perfeccionado” con la empresa Clear Channel. que acordó el gobierno de Zaragoza para llevar a cabo la ampliación. debe entrar en fase de liquidación, “debiendo restituirse a las partes de forma recíproca las cosas que hubieran recibida en virtud del mismo”.

Con esta decisión, tampoco entrará en vigor la ampliación del horario, vinculada a la extensión del servicio, para que el servicio estuviera disponible de las 5.00 a las 2.00 del día siguiente. Esta decisión obligará a rescindir un contrato que ya se había empezado a ejecutar. La concejala de Movilidad, Teresa Artigas, aseguró hace unos días que no se ha calculado el impacto económico que tendrá este pronunciamiento en el contrato que queda ahora anulado.

El grupo municipal del PP advirtió hace tiempo al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de que “no puede declararse insumiso” en referencia a los pronunciamientos en contra del Consejo Consultivo de Aragón, cuyos dictámenes son preceptivos, pero no vinculantes, y que ya alertaron del problema. De ahí la decisión de los ‘populares’ de recurrir al Tribunal de Contratos para pedir la suspensión cautelar.

Argumentación legal

En su argumentación, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón asegura que la alteración del acuerdo infringe “de forma manifiesta” los límites de la posibilidad de modificación del contrato y, por ello, “encubre una nueva adjudicación directa que debe ser declarada ilegal en tanto se ha incumplido con los principios de transparencia e igualdad de trato inherentes a la contratación pública”. Además, entiende que se acaba otorgando una “posición de ventaja competitiva a la empresa actualmente prestataria de forma indebida”.

El tribunal se sustenta en sus razonamientos en la alteración del sistema de retribución pactado en un primer momento. Así, mantiene que la modificación de un modelo inicial de retribución mediante “ingresos contingentes e inciertos”, como los derivados de la publicidad y tarifas de los usuarios, por uno que consiste en una retribución fija a cargo del Ayuntamiento supone una variación “esencial”.

Hay que recordar en este sentido que el nuevo contrato comportaba que el Consistorio, en el último tercio del contrato, abonara a la empresa Clear Channel España, de forma directa, casi 8,5 millones de euros (cifra que alcanza los 10 millones si se suma el IVA). Esta fórmula, asegura este órgano judicial en su veredicto, puede tener la consideración de una “ayuda estatal” incompatible con la normativa europea.

Por otra parte, el tribunal estima que el equipo de Gobierno municipal no ha aportado “motivación suficiente” para validad la modificación de contrato que propone y que en la justificación de su interés público invoca “una abstracta referencia al interés general de la prestación”, lo que, jurídicamente aprecia “manifiestamente insuficiente”.

Es más, aprecia que dado el impacto económico y trascendencia de la decisión hubiera sido aconsejable “una valoración detallada y suficiente de las consecuencias de la decisión propuesta y sus ‘ventajas’ frente a otras opciones legales”.

Movilización popular

Hay que recordar que el domingo pasado, decenas de ciclistas participaron en una protesta para exigir que se instalen las 120 estaciones previstas para los tres próximos años. El portavoz del colectivo Pedalea, Arturo Sancho, pidió al portavoz del PP, Jorge Azcón, que retirara el recurso que este miércoles acaba de ser admitido y respaldado por el Tribunal de Contratos.