Cuatro años y medio de prisión y otros dos de libertad vigilada. Esa es la condena que la Audiencia Provincial acaba de imponer al fotógrafo zaragozano Roberto Coll Sanz, de 44 años, por los abusos sexuales a los que sometió a una menor de 16 años en el verano de 2013. Como explica el tribunal de la Sección Primera en su sentencia, el condenado captó a la chica ofreciéndole trabajar como modelo publicitaria de correctores dentales (‘brackets’). Sin embargo, lo que realmente quería el ahora condenado era quedarse a solas con la menor para forzarla a posar sin ropa y satisfacer sus instintos sexuales.

La acusación particular, que ejerce el letrado Jesús García Huici en nombre de la víctima, solicitó que el juicio se celebrara a puerta cerrada para evitar que esta pasara un mal trago. La petición fue aceptada por los magistrados, de ahí que apenas trascendiera entonces nada de lo acontecido.

Según el apartado de hechos probados de la sentencia, fue en las sesiones fotográficas que acusado y víctima concertaron los días 16 y 25 de julio de 2013 cuando se materializaron los abusos. Recuerda el tribunal que, por distintos motivos, la chica se encontraba en aquella época en una situación «especialmente vulnerable». Ello, sumado a su corta edad y el miedo que llegó a infundirle el fotógrafo, hicieron que aceptara posar sin ropa y en actitudes de marcado carácter erótico.

Los magistrados consideran que Roberto Coll no recurrió a la violencia ni a la intimidación, pero aseguran que la chica nunca consintió que la sometiera a tocamientos o frotara sus genitales contra ella. De ahí que lo condenen por un delito continuado de abusos sexuales, al que añaden el de corrupción de menores. Y lo hacen porque el acusado no solo abusó de la víctima, sino que fotografió y grabó en vídeo sus acciones. De hecho, la Policía Nacional consiguió localizar almacenado en su ordenador todo este material.

Sabía que no era mayor de edad

Tanto en la fase de instrucción como en la vista oral, el fotógrafo alegó que ignoraba la edad de la víctima. Pero no admite esta excusa el tribunal, quien recuerda que fue la propia madre de la chica la que advirtió al encausado de que su hija era menor, para preguntarle a continuación si necesitaba que le firmara alguna autorización para fotografiarla.

Además de las penas de prisión y libertad vigilada, la Audiencia condena al agresor a indemnizar a la menor con 3.000 euros y a mantenerse alejado a más de 200 metros de ella durante dos años (a su salida de prisión). El fallo todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo.