El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Gregorio Briz, ha afeado al Gobierno de Mariano Rajoy su "falta de respeto" a la voluntad emanada del Parlamento aragonés y del ejecutivo autonómico, después de conocer la sentencia del Constitucional que anula varios artículos de la ley de aguas de 2014.

"Esta decisión es más preocupante para Aragón porque estamos en la antesala del nuevo Plan Hidrológico donde el trasvase del Ebro puede volver a ser el eje sobre el que pivote las políticas del Gobierno de Rajoy", lamenta Briz en un comunicado.

El TC dictó una sentencia el pasado 19 de octubre, que publica hoy Heraldo, que anula varios artículos de la ley, entre ellos los que conceden a Aragón la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos que el Estatuto de Autonomía establece para la comunidad.

Tras la aprobación de la ley por amplio consenso en el Parlamento de Aragón, el Gobierno de Rajoy decidió llevarla al Constitucional al entender que se invadían competencias del Estado y se rompía con el principio de unidad de cuenca.

La decisión del Gobierno de Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional leyes aragonesas "comenzó en anteriores legislaturas y continúa en ésta", lamenta Briz en la nota.

También recuerda que en este caso el recurso lo plantea contra una ley de sus compañeros de Gobierno entonces y de coalición electoral en las elecciones generales, "dando ejemplo de lo que entiende el PP como lealtad política".

Recuerda que CHA siempre ha mostrado su "escepticismo" acerca de que la reserva hídrica fuera "la llave que impidiera el trasvase del Ebro", pero ahora, sin que su gestión esté en manos de los aragoneses, el PP tiene "la puerta abierta" a impulsar un proyecto de transferencia de agua del Ebro.

La sentencia, añade Briz, obliga al aragonesismo político a estar "más alerta que nunca" ante la antesala de la aprobación de un nuevo Plan Hidrológico.

Desde CHA insisten en que se opondrán a cualquier nuevo intento de trasvase del Ebro como ya han hecho en esta misma legislatura ante las demandas de la Generalitat catalana y del Gobierno de Murcia.

Y recuerdan su oposición a la política de grandes obras hidráulicas como Yesa o Biscarrués, que a juicio de Briz "lo facilitan".