La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del antiguo colegio San Felipe, en el Picarral, para ceder el terreno al Gobierno aragonés y que el departamento de Educación construya un instituto. En concreto, se va a crear un equipamiento escolar que ocupará una pastilla de terreno de 8.245 metros cuadrados.

El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, valoró positivamente el proyecto, pero explicó que con esta operación el Consistorio pierde una «considerable» dotación de futuros equipamientos que preveía el suelo que ahora se va a modificar. Por ello, el edil señaló que se van a pedir contraprestaciones. En esta superficie existía una reserva de equipamientos de 5.500 metros cuadrados, así como espacio para 70 viviendas de protección oficial y 42 plazas públicas de aparcamiento que ahora no verán la luz. Por ello, Muñoz habló de un «menoscabo económico» para las arcas municipales. «Solo por las viviendas que no se van a hacer perdemos más de un millón de euros», recordó.

A cambio, ZEC solicitará al Ejecutivo autonómico compensaciones «en forma de viviendas y equipamientos en la zona más cercana posible» al Picarral, detalló Muñoz, aunque reconoció que la DGA cuenta con escasas propiedades en el barrio. En cualquier caso, y aunque aseguró que no serían tan exigentes en la negociación como si se tratara de un promotor privado, sí abogó por obtener contraprestaciones de un «valor equivalente». En este sentido, citó la posibilidad de obtener de la DGA suelos pendientes de desarrollo para construir viviendas en distritos como Las Fuentes o Casablanca.

En la parcela se encuentra el antiguo colegio San Felipe, propiedad de la Cámara de Comercio, y que ya se viene utilizando como centro educativo gracias a un convenio con la DGA, que tiene carencias de este tipo de equipamientos en la margen izquierda. Aunque el Ejecutivo autonómico todavía no ha detallado su proyecto de construcción, Muñoz apuntó a que se trataría de una remodelación de las actuales instalaciones y, posiblemente, la ampliación de las mismas con nuevas construcciones, aunque la superficie obtenida no permitirá grandes infraestructuras.

Desde el Consistorio señalaron que el cambio legal de los planos costará «como mínimo» un año, pero mientras se realiza esta tramitación, permitirán a la DGA comenzar su intervención.